Una auténtica reforma judicial, oportunidad de la 4T para consolidarse

Los jueces son abominados por unos y admirados por otros. Hay para quien un juez representa la cúspide de la maldad social, el que se erige en una especie de deidad enana, soberbia y obtusa, que pretende tener el poder de la verdad absoluta y que arrasa la vida de personas inocentes sin ningún miramiento. Para otros, alguien digno de llamarse juez es quien ejerce una tarea social que puede ser muy ingrata, también muy satisfactoria, en la que ha de poner su mejor empeño: el decidir una disputa entre dos partes, ajenas a él, con el objetivo de llegar la resolución la más justa. 

Más allá de las caricaturas o los ideales, la tarea de los juzgadores es tan esencial para la sociedad que en toda civilización que se considere tal, ha habido jueces. A veces eran también sacerdotes o gobernantes, porque la división de poderes es algo relativamente reciente, lo constante es la necesidad de evitar la devastadora violencia a la que se puede llegar por “hacerse justicia por propia mano” sin ningún tipo de límites. Muchas veces ocurrió que se condenaron regiones enteras a siglos de venganzas entre familias y grupos cobrándose agravio sobre agravio. 

La premisa es aparentemente simple: en una disputa sobre cualquier asunto, dos partes acuden ante un tercero a quien le reconocen autoridad, con la intención de que decida qué se debe hacer. Sin embargo, llegar a ese punto que implica el acuerdo social de renunciar al uso de la violencia a título individual, el desarrollo de formas de gobierno, control político y ejercicio de la autoridad, así como la aceptación de ideas de justicia menos violentas. 

Ahí donde no hay poder político no puede haber jueces. La autoridad de la que se inviste a los jueces, la majestad de la justicia, el Su Señoría con el que a menudo se dirige la palabra hacia los jueces, no es otra cosa que el poder popular. Eso cierto, independientemente de si los jueces se eligen por voto o no. Porque con independencia de esa particularidad, es de los representantes populares elegidos por los ciudadanos que se construyen tanto el sistema judicial completo como las leyes que han de aplicarse en todos los ámbitos.

Del rey Salomón se dice que era sabio. La anécdota más conocida es la de dos mujeres que llegaron ante él reclamando ambas ser madres de un bebé. Ante la disputa, Salmón ordenó partir el bebé a la mitad para darle una parte a cada una. Entonces, una se desistió de su pretensión. Para el rey-juez, sólo la madre de la criatura pudo revelarse con esa decisión, por salvar la vida de su hijo. Nadie fue a las urnas para votar por Salomón, pero él podía tomar la decisión de matar a un bebé porque contaba con la autoridad que le dio su pueblo para hacerlo. El poder que llegó a ejercer no se explica sin la confianza que tenían en él.

Además de la autoridad moral, el trabajo de los jueces requiere la existencia de un poder político que respalde sus decisiones. Que el Judicial sea uno de los Poderes de la Unión no es casualidad ni capricho. Para la estabilidad es necesario garantizar que haya autoridades que sirvan para la resolución de conflictos entre la gente, que sea lo más baja posible la impunidad para que la gente efectivamente se sienta protegida por el régimen político que sostiene. 

También el Poder Judicial apuntala a poder político e impulsa el desarrollo social. Reformas judiciales de gran calado han sido, a lo largo de la historia, el punto de inflexión histórico en grandes culturas. Podemos hablar de las Constituciones que ha tenido México como indicadores de importantes hitos nacionales. Podemos ver que en la llamada Restauración Meiji en Japón el país tuvo una reforma al sistema de justicia inspirado en modelos europeos, aunado a una acelerada industrialización.

Es lógico, pues, que si la Cuarta Transformación aspira a consolidarse como régimen político iba a necesitar su reforma judicial. Si el movimiento social que la sostiene, ese que arrasó en las urnas la elección pasada, logra sacar adelante una reforma judicial bien lograda, es una oportunidad legítima e inmejorable para consolidarse políticamente. Es absurdo negar la importancia política de una reforma como la que se discute. Habrá que evitar lo que falló en otros esfuerzos de pretensión reformadora, como el INSABI, y con las miras más altas construir una reforma judicial digna del pueblo mexicano