Justicia: se requiere otra reforma, legisladores y ciudadanos infirmados

El avance legislativo de la reforma judicial ha acaparado todos los reflectores, la discusión se ha polarizado y tratado de reducir a posiciones encontradas a favor del presidente y la 4T o de la oposición entendida como la derecha o los conservadores. Son posturas que en nada contribuyen mientras se omita lo principal: el análisis de la iniciativa propuesta, para lo cual se exige un requisito básico que la enorme mayoría no ha cubierto, esto es, haber leído el texto. Lamentable, pero cierto, muchos de los legisladores no han leído lo que votaron, haya sido a favor o en contra.

Toda la discusión pública parece centrada en argumentar por qué la reforma es un error o un acierto. A riesgo de que parezca que se salta por la tangente, puede ser que inevitablemente tenga un poco de las dos. Sin duda que tendrá alguna parte en la que sí haya un acierto, como tiene que ser si hemos llegado al consenso de que sí es necesaria y hasta urgente una transformación de la justicia, aunque también, especialmente dadas las características de la iniciativa, será inevitable cometer errores en su implementación, tal como ha sucedido con el sistema de justicia penal en su transición a la oralidad o los que por fuerza se cometerán al transitar al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Sin restarle importancia a los efectos que en lo inmediato o en el corto plazo tendrá la reforma judicial, o los desafíos de la complejidad de la organización de las elecciones judiciales que prometen ser masivas, mirando hacia el mediano y largo plazo lo importante no es si se van a cometer errores, sino que tengamos la capacidad para enmendarlos.

Es de humanos errar, persistir en el error es diabólico porque es incurrir voluntariamente en un error todavía mayor. Hay que reconocer el valor que tuvo la 4T al admitir que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hubo importantes errores, por lo que se extinguió y ahora ha dado pie a un proyecto diferente. Ojalá la experiencia permita aterrizar una mejor respuesta. A pesar del error, de los altos costos sociales que tuvo, se puede reconocer también que sirvió para uno de sus propósitos fundamentales: depurar de corrupción y sobrecostos la compra de medicamentos del sector público.

Si en la implementación de la reforma judicial que se apruebe (como seguramente se hará, a pesar de las legítimas diferencias de opinión) han de cometerse errores, es deseable y necesario crear mecanismos e indicadores que permitan identificarlos, evaluarlos, corregirlos. No porque la reforma esté forzosamente condenada al fracaso total, más bien para evitar llegar a ello, para valorar lo que sí funcione y tener capacidad para enmendar lo que no.

Con reforma o sin ella, se requiere poder medir en qué medida se cumplen los objetivos de la independencia judicial, que se garantice una seguridad jurídica a las personas, así como a las empresas e inversionistas extranjeros, de modo que en vez de que exista una percepción de que puede ser riesgoso invertir en el país, esta confianza internacional se robustezca. Porque sí, México ha de defender su soberanía nacional pero no puede aislarse del entorno globalizado ni darse el lujo de perder oportunidades de desarrollo por falta de garantías institucionales.

Siguiendo la lógica del título que dio nombre a los foros, habrá que estar pendiente de si la reforma judicial nos acerca a la justicia que queremos o de la que necesitamos. En ese sentido, resulta forzoso reconocer que hará falta otra reforma que incluya también a las fiscalías, que fortalezca la justicia cívica, los mecanismos alternativos de solución de controversias así como las capacidades y alcances de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Más que a punta de buenas intenciones, con una rendición de cuentas clara e indicadores que permitan distinguir, sin maquillajes, cuando estemos ante un error necesario de corregir. Antes de que, por no corregirlo, la situación se torne urgente. Se dice fácil, pero eso requiere la participación de una ciudadanía cada vez más exigente y mejor informada, así como de legisladores competentes capaces de ponderar el interés nacional por encima de la inmediatez de sus intereses personales.