La voluntad popular se presume como un pilar de toda democracia, pero se distorsiona en cada elección. Lejos de ser rara, esa distorsión es la norma. Tan lo es que la misma Constitución federal prevé un tope de 8% de sobrerrepresentación de los partidos políticos en las cámaras, es decir, que tengan algunos legisladores más de los que tendrían atendiendo únicamente al porcentaje de votación alcanzado. La intención de esa limitación es que si un partido obtuvo una amplia mayoría no tenga tantos representantes plurinominales, que se vea obligado a negociar con las minorías para legislar.

Sin embargo, en 2015 surgió una distorsión más: los diputados sandía (verdes por fuera, rojos por dentro), éstos eran candidatos que militan en un partido pero son abanderados por otro como parte de la coalición. Así, un partido satélite puede salvar su registro gracias a la votación que le acarrea el partido dominante, mientras que el partido dominante se sirve de la coalición para usar el registro de sus aliados o satélites para tener más diputados de los que la constitución les permite. Esto fue avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sentó jurisprudencia.

Por si eso fuera poco, luego está el fenómeno del “chapulineo”, que en general se entiende como el cambio de un político de un partido a otro, pero que es todavía más relevante cuando se da una vez ganadas las elecciones y se altera la integración de las legislaturas.

A pesar de que durante el proceso electoral se protege por sobre todas las cosas el sentido de la voluntad popular, al grado que hay jurisprudencia de los tribunales electorales para que se interprete el sentido de un voto impugnado porque la marca en la boleta no es clara o genera dudas, una vez terminado el proceso electoral estos asuntos pasan a ser derecho parlamentario. La autoridad electoral sí puede actuar en el caso de los diputados plurinominales que cambian de bancada, pero sólo si los ciudadanos que se sienten agraviados promueven un juicio.

En el caso de los legisladores de mayoría, los que tienen que hacer campaña, se presupone que los ciudadanos votan por los candidatos, no tanto por los partidos, pero se hace la distinción de los partidos en caso de coalición justamente para efectos de poder calcular las curules plurinominales. Sin embargo, muchas veces los ciudadanos votan por el partido, así como también se debate si las curules plurinominales deben ser para el partido o coalición que postula más que para el candidato que no fue votado directamente.

Estos mecanismos de sobrerrepresentación, transferencia de votos, préstamo de siglas de partidos, chapulineos y tránsfugas no son nuevos, sólo que antes beneficiaban a otro partido que ahora dejó de ser el dominante y benefician a Morena. Así, por ejemplo, José Sabino decidió sumarse a esa bancada en vez de la del PAN o el PRI que lo postularon en coalición con el PRD que perdió su registro, y el Partido Verde le cedió a la bancada de Morena 15 legisladores del Congreso de la Unión, en aras de honrar la coalición, para que el nuevo partido dominante tenga sobrada mayoría y conserve durante toda la legislatura el control de la misma. El acuerdo supone que Morena apoyará la agenda del Partido Verde en materia de medio ambiente y personas con discapacidad, pero José Sabino no ha hecho público qué negoció a cambio de dar la espalda al sentido de la voluntad popular que lo eligió directamente como abanderado de la oposición.

Al margen de los enredos de las leyes electorales, todos los que resultaron electos por voto popular, sea en el legislativo o en el ejecutivo, deben reflexionar sobre las responsabilidades adquiridas para con el pueblo que los eligió. Podríamos pensar que sí, que una buena parte de los ciudadanos que votaron por el Partido Verde estarían de acuerdo en que se sumen a la bancada de Morena, pero habrá quienes no y que se sientan traicionados, como los que le reclaman ahora a José Sabino.

Es característico del derecho electoral ser cambiante y realizar ajustes tras cada elección. La reforma electoral propuesta el pasado 5 de febrero junto con la reforma judicial no pasó, pero es un buen momento para detenerse a pensar en cómo respetar de manera efectiva la voluntad popular para evitar que se convierta en un mero mito de la democracia.