Se necesita reformar el poder judicial, pero faltan soluciones concretas

La reforma propuesta al poder judicial ha sido polémica desde que se propuso, ha provocado el paro de los trabajadores del Poder Judicial Federal, el intercambio de notas diplomáticas y bajas en la calificación crediticia de México por inquietud de “los mercados” (esa abstracción que se refiere al capital extranjero decide no invertir o retirar su dinero del país). Si la discusión ha de ser más productiva que el simplismo a favor o contra AMLO o la 4T, hay que orientarla por otros derroteros.

El eje central es la seguridad jurídica, esa que todos necesitamos. Para abrir un negocio, necesito seguridad de que no van a incrementar arbitrariamente los impuestos, inventarse requisitos. Debo tener certeza que si algo ocurre, me puedo defender en tribunales. La seguridad jurídica está para proteger desde el patrimonio hasta la salud, el trabajo y las relaciones de familia.

Las premisas que motivan la reforma judicial son correctas. Sí, se requiere una justicia más efectiva, menos burocrática, mecanismos que sirvan para combatir los abusos, las dilaciones, la corrupción. Sin embargo, las iniciativas presentadas no ofrecen soluciones efectivas a esos problemas. Para combatir el nepotismo y la corrupción en el poder judicial hay que fortalecer la carrera profesional. Si la elección popular de los jueces es el remedio contra la corrupción, habría que elegir también por voto a los fiscales. Denme ejemplos de cómo el voto directo nos ha evitado la corrupción en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La inquietud sobre la reforma también tiene premisas correctas, pues parece que se pretende acotar al Poder Judicial, reducir el peso que tiene en la división de poderes. Las iniciativas propuestas no toman en cuenta los puntos de vista tanto de los trabajadores, los abogados y los ciudadanos, pues los foros se fueron más una propaganda que un medio de discusión en serio. Las iniciativas parecen más bien atender a la preocupación de que al Ejecutivo le vuelvan a echar atrás reformas como la eléctrica.

Por lo pronto, el Poder Judicial que tiene la responsabilidad de supervisar que las leyes y procesos jurídicos se lleven a cabo con pleno apego a nuestra Constitución, fue coartado en esa facultad con la reforma ala Ley de Amparo. La modificación que eliminó los efectos generales del amparo contra leyes obliga a que cada ciudadano que se vea afectado por una ley se defienda por sí mismo cuando le afecte, cuando antes los efectos generales protegían a toda la población.

En esa reforma y otras actitudes que las autoridades han tomado, por ejemplo, respecto de la prisión preventiva oficiosa, se revela una oposición frontal a someterse a la jurisdicción del sistema interamericano de Derechos Humanos y acatar la Convención Americana, a pesar de que esto es anticonstitucional en sí mismo.

Por ejemplo, la iniciativa de reforma al poder judicial dice que no debe hacerse ninguna interpretación de la misma, algo opuesto al principio de interpretación conforme que se introdujo en la Constitución en 2011, junto con el principio pro persona, que ahora son vertebrales en nuestro sistema jurídico. La interpretación conforme obliga a realizar interpretaciones integrales conforme a nuestra Constitución así como conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, mientras que el princpio pro persona obliga a aplicar la legislación más favorable a quien está siendo juzgado.

Es decir, sí se necesita reformar el poder judicial y sí existen en él los vicios de que se le acusan, sin embargo, la reforma propuesta no ofrece soluciones concretas a esos problemas; en cambio, es una prueba manifiesta de que a pesar de que México es parte en la Convención Americana de Derechos Humanos, las autoridades en realidad repudian las obligaciones que eso conlleva y a las que la nación se sometió en pleno ejercicio de su soberanía.

En un país donde se no se honran los más altos compromisos contraídos a nivel internacional, donde se desprecia la justicia o se la percibe inalcanzable, parece que tendremos que atender los costos de ser incapaces de valorar la impartición de justicia y la división de poderes. Lo mejor sería posponer la reforma hasta dar con una propuesta más cercana a la que se necesita.