Las bases que sustentan al problema del feminicidio están compuestas por circunstancias construidas en función de la misoginia y los valores de orden patriarcal. El feminicidio es una situación social problemática con efectos negativos en la sociedad, que ha sido discutida por un número amplio de grupos y por el Estado mismo.

Es un problema estatal de orden prioritario cuyas circunstancias negativas causan protestas abiertas entre grupos significativos de la población, quienes piden se tomen medidas para su resolución.

Dada la magnitud y su rápida evolución de los efectos, la percepción del feminicidio es ya el de un problema público. Sus efectos abarcan diversos ámbitos: sociales, económicos, políticos, de seguridad.

Sus efectos públicos negativos han generado desconfianza con las autoridades encargadas de investigar cada feminicidio, así como de llevar un balance de todos los feminicidios ocurridos por entidades. La atmósfera de inseguridad es cada vez más manifiesta en muchos sitios del país.

Con la intención de disminuir las circunstancias y combatir los factores que propician al feminicidio el poder legislativo federal aprobó en 2007 y reformó en 2024 el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, que abarca, entre otras medidas, garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral; a su vez, estableció el tipo penal de feminicidio.

La legislación promulgada en México es una norma general que, teniendo en cuenta las condiciones regionales de las entidades federativas, además de establecer diversos mecanismos centrados en la prevención, la protección y la asistencia debida a las mujeres para erradicar las violencias de género, señala vías posibles de acceso de las mujeres a un derecho por ellas reclamado: el goce de una vida plena libre de violencias.

          En la estructuración del feminicidio ha intervenido el Estado en las instituciones de procuración de justicia, creando áreas especializadas con el fin de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres cerrando con ello el paso a la impunidad y abriendo nuevos caminos para el acceso a la justicia.

De igual manera se revisa y evalúa el funcionamiento de las aquellas áreas que actualmente existen con el propósito de hacer una reestructuración que les permita cumplir con el objetivo para el que fueron creadas.

          Actualmente, es la Secretaría de Gobernación, quien encabeza un “espacio de trabajo conjunto entre instituciones para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias y une esfuerzos para que las mujeres en México reciban información, acompañamiento, servicios y todo lo que requieren para su bienestar” desde el Grupo Interinstitucional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes, por sus siglas el GIEV.

          Según la página de Gobierno de México “en 2018, (...) se homologó y aprobó, por primera vez, un criterio nacional para el registro de este delito (el feminicidio) por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que, en 2019, (...) se logró que todos los estados lo tipificaran en sus códigos penales.”

          Cabe destacar que en algunas entidades como la Ciudad de México toda carpeta de investigación por homicidio cuya víctima es mujer, se inicia como feminicidio.

          De acuerdo al Cuaderno 28 “La medición del feminicidio en México” de enero /abril 2023 se identificaron entidades con tasas de feminicidio superiores al resto de los estados, tal es el caso de Colima, Morelos y Nuevo León, que tuvieron las tasas más altas de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres en 2022.

          El documento Violencia contra las mujeres en México del INEGI, en 2021 las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México (78.7 %), Ciudad de México (76.2 %) y Querétaro (75.2 %).

          Según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios la mayoría de las víctimas de feminicidios registrados en América Latina y el Caribe durante 2023 y 2024 tenían entre 21 y 30 años (23%). La más joven tenía menos de un año y la más adulta 94 años.

          Y aún con todos los esfuerzos llevados a cabo -hay que decirlo con indignación-, la incidencia de feminicidios va en aumento.

          Ahora bien, a manera de conclusión, consideramos fundamental tomar en cuenta los siguientes cuatro puntos:

          UNO.- En materia de percepción, el feminicidio se ve como una situación problemática, con efectos sociales negativos. Pero sólo eso.

          DOS.- En su discusión, vemos que grandes sectores impulsan su atención, pero otros grupos se oponen y resisten.

          TRES.- Lamentablemente al día de hoy no se puede presumir aún que se haya ‘adoptado’ la cuestión del feminicidio, ni por la sociedad, ni por el Estado.

          CUATRO.- Y en materia de institucionalización, vemos que existe un amplio convencimiento de que el feminicidio es importante por sus efectos de inseguridad, familias mermadas, desconfianza social y que requiere acciones permanentes para su resolución.

          Además de que hay instancias enfocadas a resolver el problema, aún son insuficientes, hay presupuestos que ni se tocan o no se ubican donde corresponde, además de que las instancias responsables de juzgar y aplicar sanciones en México pareciera que mantienen una visión medieval del problema.