En México, un inédito proceso electoral está poniendo en la mira al Poder Judicial: por primera vez, la ciudadanía votará directamente para elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales. Promovido como un ejercicio de democratización, este mecanismo abre un debate urgente: ¿es viable que cargos técnicos y especializados, claves para la independencia judicial, se decidan en las urnas? Mientras el gobierno federal insiste en que esto acerca la justicia al pueblo, expertos alertan sobre riesgos de clientelismo, politización y el debilitamiento del Estado de derecho. Exploremos entonces los claroscuros de una reforma que, más que empoderar, podría convertir al último contrapeso democrático en un apéndice del poder Ejecutivo.

Contexto:

• El Poder Judicial de la Federación (PJF) es el garante de la Constitución y los derechos fundamentales. Su estructura se divide en tres niveles clave:
• Juzgados de Distrito: Tribunales federales de primera instancia que resuelven casos en materia constitucional, penal o administrativa. Magistrados de Circuito: Integran los Tribunales de Circuito (Colegiados o Unitarios) y revisan apelaciones de sentencias emitidas por los juzgados de distrito. Ministros de la Suprema Corte: Conforman el máximo tribunal del país (11 integrantes en total). Deciden casos de relevancia constitucional, como controversias entre poderes o acciones de inconstitucionalidad.
• Según el INE, el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 (vigente desde el 30 de marzo) busca elegir 9 ministros de la SCJN, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y otros cargos menores. Las campañas, con duración de 60 días, están sujetas a reglas estrictas.

• Prohibición de financiamiento público o privado.
• Uso limitado de redes sociales (sin pago para potenciar contenidos).
• Distribución de propaganda únicamente en materiales biodegradables.
• Debates y riesgos detrás de la elección popular

• 1. ¿Votar sin conocimiento?

La elección por voto popular expone al PJF a un dilema: la mayoría desconoce las funciones técnicas de jueces o magistrados ¿Qué ciudadano promedio podría evaluar la idoneidad de un ministro para resolver conflictos constitucionales? Este modelo, impulsado desde el Ejecutivo, arriesga sustituir méritos profesionales por lealtades políticas.

• 2. Un trasfondo de tensión institucional

La iniciativa surge tras conflictos entre el gobierno federal y el PJF, como los amparos contra el Tren Maya por impactos ambientales. Al convertir los cargos judiciales en puestos electivos, se percibe un intento por remplazar a jueces que han frenado proyectos prioritarios del Ejecutivo con figuras afines.

• 3. El problema del clientelismo y la corrupción

En México, el voto suele orientarse por intereses inmediatos: promesas de apoyos económicos o beneficios particulares. Esto favorece a candidatos que priorizan el clientelismo sobre la imparcialidad. Sistemas basados en carrera judicial (como en España o Canadá) han demostrado mayor eficacia contra la corrupción, al exigir años de experiencia y evaluaciones técnicas.

• 4. El fantasma de la oclocracia

La justicia no debe depender de mayorías coyunturales. Su rol es proteger a minorías y garantizar equilibrios de poder, incluso contra decisiones populares. Ejemplos como la elección de fiscales en EE.UU. muestran que jueces sometidos al voto tienden a priorizar agendas políticas sobre criterios jurídicos.

Opinión final: Participación sí, pero no a cualquier costo

La inclusión ciudadana en la justicia es un ideal loable, pero mal diseñada puede ser contraproducente. Este proceso, más que democratizar, parece una herramienta para someter al PJF a los intereses del Ejecutivo, replicando un modelo donde los tres poderes responden a una misma agenda.

La verdadera reforma judicial no está en las urnas, sino en fortalecer la carrera judicial: exigir trayectorias verificables, blindar la independencia de los jueces y castigar la corrupción. Un PJF politizado no solo debilita el Estado de derecho, sino que normaliza la idea de que la justicia es un botín, no un derecho.

Es innegable que el Poder Judicial mexicano arrastra vicios históricos: nepotismo en la designación de cargos, redes de corrupción que protegen a poderosos, y una opacidad que alimenta la impunidad. Sin embargo, reconocer sus fallas no justifica profundizar su crisis.

La elección popular de jueces, impulsada en un contexto de polarización política, no es una solución a estos problemas, sino una distracción que aprovecha el descontento social para transferir el control de la justicia a intereses partidistas. Reformar un sistema judicial disfuncional requiere profesionalización, auditorías rigurosas y transparencia, no someterlo a la lógica electoral, donde el compadrazgo y los favores políticos podrían reemplazar —o incluso agravar— los círculos de poder que ya lo corroen. Peor aún: convertir la justicia en un botín de campaña no la acerca a la ciudadanía; la vuelve rehén del mismo sistema que dice querer cambiar.

La democracia no es solo votar: es también respetar que algunos pilares, como la justicia, deben estar por encima de las contiendas electorales.