En las últimas décadas, México ha implementado diversos programas sociales, como Prospera, la Pensión para Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de reducir la pobreza mediante transferencias económicas directas a la población vulnerable. Aunque estas iniciativas han proporcionado una red de seguridad económica para millones, su enfoque predominantemente asistencialista presenta desafíos significativos, especialmente en ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación adecuados.

Los programas sociales en México han logrado reducir indicadores de pobreza extrema a corto plazo; sin embargo, su diseño actual limita su capacidad para generar cambios estructurales. La entrega de recursos sin exigir contraprestaciones claras, como capacitación o participación en proyectos comunitarios, desaprovecha la oportunidad de vincular el apoyo económico con la creación de capacidades productivas.

Por ejemplo, en zonas rurales, es común que las transferencias se destinen al consumo inmediato, lo cual es comprensible en contextos de urgencia, pero sin incentivar inversiones en educación, infraestructura local o emprendimientos que podrían romper ciclos de pobreza intergeneracional.

También encontramos casos donde los beneficiarios no reciben sus apoyos de forma directa, sino por medio de sus familiares quienes disponen de su gasto sin consultar previamente con la población destinada.

Además, la ausencia de monitoreo puede conducir a efectos no deseados, como el uso de los recursos en actividades informales o ilícitas y la reproducción de prácticas clientelares. En algunos casos, los beneficiarios perciben los apoyos como un derecho dispositivo, que el partido político en el poder garantiza su existencia. Sin datos claros sobre cómo se gastan los recursos, el gobierno no puede ajustar las políticas para maximizar su impacto ni detectar áreas que requieren intervenciones complementarias.

Seguimiento: Clave para mejorar.

Para optimizar el modelo asistencialista, es esencial implementar un sistema integral de seguimiento que permita rastrear cómo los recursos dispersados influyen en las interacciones económicas locales. Este sistema debería operar en tres niveles:

• 1.     Monitoreo del gasto: Utilizar tecnología, como plataformas digitales y transacciones electrónicas, para registrar en qué se emplean los recursos, respetando la privacidad de los beneficiarios. Por ejemplo, en colaboración con instituciones financieras, se podría categorizar el gasto en rubros como educación, salud, alimentación o inversión productiva.

• 2.     Evaluación de impacto: Medir no solo la reducción de la pobreza monetaria, sino también variables como empleo formal, acceso a servicios de calidad y desarrollo de habilidades. Esto requeriría encuestas periódicas y la creación de indicadores específicos para cada programa.

• 3.     Vinculación con políticas públicas: Los datos recabados deberían alimentar un sistema de inteligencia social que identifique necesidades insatisfechas, como la falta de escuelas técnicas en zonas con alto número de becarios, y permita diseñar intervenciones complementarias.

Un modelo así transformaría los programas asistenciales en herramientas de política económica activa. Por ejemplo, si se detecta que en una región los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro invierten parte de sus recursos en microemprendimientos, el gobierno podría articular talleres de gestión empresarial o facilitar acceso a créditos blandos. De igual forma, si en otra área los apoyos se destinan mayormente a gastos médicos, esto señalaría la necesidad de fortalecer los servicios de salud locales.

Aprendamos a usar los recursos.

• El seguimiento no solo serviría para corregir desviaciones, sino también para construir una red de políticas que trasciendan respecto del mismo recurso asignado. Algunas acciones complementarias podrían incluir:
• 1.     Educación financiera y fiscal: Enseñar a los beneficiarios a administrar recursos, ahorrar e invertir, evitando que los apoyos se diluyan en gastos no prioritarios.
• 2.     Capacitación laboral vinculada a demandas locales: Si una comunidad tiene potencial turístico, los programas sociales podrían incluir formación en gestión hotelera o sostenibilidad ambiental.
• 3.     Fomento a cooperativas y cadenas de valor: Los subsidios podrían condicionarse a la participación en proyectos colectivos que generen empleo y fortalezcan el tejido comunitario.
• 4.     Acceso a infraestructura básica: Combinar transferencias con inversión en caminos, electrificación o conectividad digital, facilitando que los recursos se traduzcan en actividades productivas.

Hacia el desarrollo sostenible.

El asistencialismo es necesario en un país con millones de personas en situación de pobreza, pero no puede ser la única respuesta. Sin seguimiento, los programas sociales se convierten en paliativos que, si bien alivian el sufrimiento inmediato, no construyen las bases para que las familias salgan de la pobreza por mérito propio. La implementación de un sistema de monitoreo inteligente permitiría convertir cada peso entregado en un insumo para planear mejor el futuro: identificar dónde se requieren escuelas, hospitales o inversiones en empleo, y cómo los ciudadanos pueden ser agentes activos de su propio desarrollo.

México necesita un modelo que combine la urgencia del asistencialismo con la paciencia de las políticas estructurales. Solo así se romperá el círculo vicioso de la pobreza y se sentarán las bases para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.