De reformas y debates
Senadores y diputados federales presentaron en conjunto 131 iniciativas de naturaleza electoral con proyecto de decreto entre septiembre de 2018 y abril de 2019
Sería un error gravoso pretender una reforma política electoral caprichosa en la coyuntura de los tiempos y circunstancias hacia el 2024, cuando por voluntad popular se renovarán principalmente al Presidente de la República. Definitivo, hay una evidente ausencia de sensatez que exige la democracia, al no tener las partes capacidad alguna de diálogo, nada receptivo para conciliar lo que le conviene a la democracia de este país.
En el parlamento abierto que se tiene en el Congreso de la Unión, senadores y diputados federales evidencian sus incapacidades para procesar lo aportado en su momento por el árbitro electoral, federal y locales, además de académicos investigadores, politólogos y jurídicos versados, así como de organizaciones y ciudadanía civiles.
Senadores y diputados federales presentaron en conjunto 131 iniciativas de naturaleza electoral con proyecto de decreto entre septiembre de 2018 y abril de 2019, que aun con una mayoría calificada coaligada no trascendió hacia una minuta de Reforma Política Constitucional y a la ley. Ahora que sólo hay mayoría absoluta entre diputados sería imposible que prosperara la iniciativa que reciclada planteó el senador Ricardo Monreal.
Una perversidad, modificar la Constitución Federal, principalmente el artículo 41, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la Reforma Política del 10 de febrero de 2014 dio origen al Sistema Nacional de Elecciones que deposita en el INE además la reglamentación sobre los 32 Organismos Públicos Locales, e incluye a los partidos políticos que tampoco se mandan solos.
Una Reforma Política que legó al INE la atribución de designar mediante convocatoria pública a los Consejos Electorales en cada uno de los estados por capacidades, y no por cuotas ni cuates como solía ocurrir antes por parte de gobiernos y legisladores. Sin embargo, así como los integra también los destituye, como ocurrió en 2020 en Hidalgo, con la Consejera PresidentaGuillermina Vázquez Benítez y al Consejero Francisco Martínez Ballesteros, por poner en riesgo las elecciones.
Para 2021 canceló el registro de las candidaturas para gobernador de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón Orozco en Michoacán, entre los 64 casos que hubo por no presentar los respectivos informes de gastos de precampaña, como consecuencia de la comprobación que realiza en coordinación con la Secretaría de Hacienda, sin secrecía bancaria, ni a fideicomisos, ni fiscal.
Inverosímil que se pretenda echar abajo un entramado democrático electoral en el que arraigan al INE y a los Organismos Públicos Locales como organizadores de las votaciones populares para renovar Autoridades Públicas de Gobierno, con la obligación de apegarse a los Principios Rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad.
Las elecciones son relativamente caras por la cultura de la desconfianza que hay entre el sistema de partidos políticos y al interior de los mismos, negados a reconocer que son incapaces para competir con los argumentos de un juego limpio que no tienen, motivo por el que desde hace mucho son motivo de repudio de una ciudadanía defraudada al no cumplírsele lo comprometido.
Los partidos políticos evidencian su inmoralidad cuando demandan públicamente que haya democracia en la organización de las elecciones, cuando ellos no respetan la constitución ni la legislación que emiten el Congreso Constituyente, el cual ha omitido establecer la prohibición de hacer campaña anticipadas a los períodos establecidos dentro de la organización, en los mismos términos que la propaganda personalizada con la obra pública, preceptuada en el artículo 134, también constitucional.
El diputado federal Sergio Gutiérrez, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, en marzo de 2019 presentó una iniciativa de reforma política con el sello de la austeridad republicana, incluida su inserción en el texto del artículo 40 relativo al régimen interior en la gobernabilidad del país.
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