Poder Político
Lo que hay...
El ecosistema mexicano de una autodenominada «clase política cogobernante» ha carecido de perfiles profesionales, con capacidades y competencia que en nada honran la función pública; reflejo del exhaustivo diagnóstico a una nación estratégica en la geopolítica que no debería por qué presentar marcadas asimetrías socioeconómicas en el contexto de la prosperidad, ahogada durante 200 años por intereses confrontados de la codicia por poseer el mando.
Aunque no es el caso único, basta con ver el papelón que hizo Samuel García, aspirando a una candidatura presidencial; que en la coyuntura del «mal humor» entendido como enojo superlativo de los electores, por voluntad popular es gobernador de un pujante estado como Nuevo León, distinguido por una alta plusvalía en calidad de vida.
Jorge Emilio González Martínez, que desde 1996 ha cambiado de una curul en la Cámara de Diputados a un escaño en el Senado y viceversa; personajes impresentables como el eterno congresista federal le hacen tanto daño a la genuina función pública mirando sólo por sus intereses personales y facciosos.
En su caso, el «Niño Verde» es dueño absoluto el Partido Verde Ecologista de México, una franquicia que en los hechos tiene un estricto interés mercantilista en todos los eslabones, al interior y al exterior con las negociaciones siempre de un saldo a favor.
Arturo Núñez Jiménez, el extinto Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Medina Plascencia, coordinadores respectivamente del PRI, PRD y Acción Nacional, debieron hacer públicas las razones de los por qué accedieron a doblarse ante un Niño Verde» para que en la Cámara de Diputados se votara por Decreto la Reforma Electoral de 1996, Constitucional y a la Ley, que entre sus implicaciones redujo de 30 a 25 años la edad para aspirar a una senaduría.
Queda claro los motivos por los que Jorge Emilio González Martínez entonces diputado de 25 años tuviera la vía libre para llegar en el año 2000 a ser senador por el Verde Ecologista, que en el giro de la «pirinola electoral» siempre gana lo que pacta en la política de alianzas lograda con todos, prostituyéndo la competencia electoral.
En palabras de José Mujica, expresidente de Uruguay, «México sería uno de los mejores países para vivir y una potencia económica mundial si sus ciudadanos se unieran y destituyeran a los políticos que los han robado por años».
Sin embargo, los mexicanos de la contemporaneidad no son los mismos que directa o indirectamente se sumaron al movimiento estudiantil de 1968, que escaló al genocidio por la negativa del oficialismo a ejercer la genuina «política» para que receptivos acordaran soluciones a las vastas demandas de un plural colectivo social.
Este 2 de junio de 2024 habrá votaciones federales y locales en las 32 entidades del país para elegir por voluntad popular a 20 mil 375 cargos, entre ejecutivos y legislativos, oficialmente consignados por el Instituto Nacional Electoral.
Desafortunadamente entre partidos políticos coaligados o no prevalecen las cuotas y cuates entre quienes se acuerdan lo que corresponde a los involucrados, enmascarados de procesos internos democráticos, con el filo de que lo pactado se venga abajo si quien impugna ante la autoridad jurisdiccional presenta su demanda con todos los cabos legales atados.
El nivel y la calidad de las candidaturas a esos 20 mil 375 cargos se conocerán de a poco al develar los rostros de las campañas electorales, registrados por mayoría representativas y los plurinominales. Aunque no será sorpresa hallar los nombres y apellidos de siempre, yendo de una posición a otra.
El senador Juan Zepeda Hernández puede presumir en lo personal haber sido 4 ocasiones presidente municipal por Nezahualcóyotl, Estado de México; sólo que cada una de ellas con un partido político distinto; respectivamente por el PRI, Acción Nacional, PRD y por Morena. Con 12 años de gestión conjunta algún progreso sustantivo debería tener una densa municipalidad que contrasta con la realidad de continuar en el rezago, deprimentes niveles de pobreza.
La perla de las noticias más recientes se la lleva Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García que va por la presidencia, pero la municipal de Monterrey y no la de la República. Para desgracia de Movimiento Ciudadano la disruptiva influencer tiene 28 años de edad y no los 35 que exige la Constitución.
