Poder Político
Péndulo
En el Árbitro Electoral reside coordinar los esfuerzos institucionales para que sobre el entramado democrático se organicen y cumpla con el propósito las libres votaciones este 2 de junio, para renovar Autoridades de Gobierno por la voluntad popular de un listado nominal con 97 millones 539 mil 056 electores; sin embargo, también tienen corresponsabilidad los partidos políticos incluso coaligados y candidaturas, además de quienes hoy son gobernantes; aún más, a la ciudadanía.
Son muchos los desaires que ya transgredieron las reglas del juego electoral por parte de todos los involucrados; lo establecido en la Constitución, Leyes y Reglamentos, que debieran ser motivo de las sanciones que cada caso amerita. No sólo las anticipadas campañas fuera de un Proceso Electoral que todavía no iniciaba sino meses después. Aun con las ilegalidades, las votaciones se mantienen intactas.
El Consejero General del Instituto Nacional del Instituto Nacional Electoral, Jorge Montaño Ventura, en sus propias palabras expuestas cuando en 2012 era igual consejero electoral, pero del estado de Tabasco, reconoció que el trabajo operativo reside en el personal del órgano.
El Servicio Profesional Electoral Nacional, filtrados mediante convocatoria pública, en capacitación y evaluación permanente, asegura que cada uno de sus integrantes con funciones específicas se armonicen con los Principios Rectores de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad y Máxima Publicidad». Bajo este paraguas la Jornada Cívica se mantiene a resguardo.
La elección es ciudadana en su totalidad, habida cuenta que quienes integran la sección electoral son vecinos previamente seleccionados y capacitados que reciben y cuentan los votos de todos, con la observancia también de vecinos acreditados como representantes de los partidos políticos participantes. El elector representa el blindaje con la emisión de una decisión plasmada en la boleta respecto de quienes deben ser sus Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas.
En Democracia gana la candidatura al cargo que más votos obtenga del conteo en cada sección y casillas, resultados que se cotejan en el cómputo de Resultados Electorales del cual emerge la designación por mayoría de esta voluntad popular.
el Servicio Profesional Electoral, ampliado a los Órganos Públicos Locales de cada estado, que se pretendió desaparecer con el inconstitucional «Plan B» de las Leyes Electorales, se ocupa de llevar a cabo con pulcritud cada de las actividades que establece el andamiaje legal para que en la Jornada Cívica de este 2 de junio de 2024 cada uno de los potenciales 97 millones 539 mil 056 electores con su credencial para votar tenga una boleta asegurada para elegir en el sentido de una decisión que debe ser informada y reflexionada.
El oficialismo federal, local y municipal tiene y debe limitarse a cumplir con lo que le corresponde; garantizar la paz pública durante cada etapa y actividades inherentes a la organización de las elecciones, habida cuenta que se elegirán a 20 mil 367 Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas; destacando la Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones, Gubernaturas, Alcaldías, Regidurías y Legislaturas.
Los partidos políticos que cuentan con representación en el Consejo General del Instituto Nacional, con voz en cada una de las sesiones durante las deliberaciones que motivan los proyectos de Acuerdos y Resoluciones que reglamentan el trabajo operativo a cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional, que por su trabajo coordinado no admite que el estigmatiza de haberla catalogado como una «burocracia dorada».
Las elecciones más complejas en la vida pública de México acrecientan aún más este estatus con la consideración de que poderes fácticos se hallan con una infiltración de mayor injerencia directa y/o directa, que también transgreden el andamiaje de la sustantiva Democracia, una de las características que definen al país.
Quienes en la actualidad son Autoridades de Gobierno del nivel que sea tienen prohibido enturbiar el Proceso Electoral, en el que se incluye las campañas entre candidaturas a cargos ejecutivos y legislativos, que de documentarse una eventual injerencia abrirían el paso a la muy probable anulación, con el antecedente en las votaciones para gubernaturas en Tabasco y Colima, así como presidencias municipales y diputaciones.
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