Poder Político
Despeñadero
Para nada será un día de campo una «turbia campaña electoral» que comprenderá entre el 1 de marzo y 29 de mayo próximos y la posterior emisión del voto el 2 de junio. No lo ha sido en ninguno de los tiempos y circunstancias de la vida pública de este convulso país y su pacto federado; aún menos ahora en el punto de inflexión más crítico entre jugadores y un árbitro; administrativo y jurisdiccional, también con sus propios intereses infiltrados que le impiden asumir el rol común de dar legalidad cuando esta ha sido violentada.
Para nada es un buen augurio cuando el entramado democrático constitucional no haya armonización alguna con la renovación periódica de las Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas; para ser exactos se votarán 20 mil 367 cargos entre federales y la concurrencia de las 32 entidades locales.
La «Calidad de la Democracia» está ahogada por las reiteradas transgresiones a la Constitución, Leyes, y Reglamentos; nadie, absolutamente nadie, respeta el juego limpio, de inicio con los procesos internos con abierta campaña por ambas coaliciones, fuera del calendario de un Proceso Electoral sin haber iniciado; a la actualidad hay una anarquía a la ausencia de un Árbitro y Juez que se precien de serlo.
¿Será posible que en México haya elecciones democráticas sin los Principios Rectores de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad y Máxima Publicidad»?
Preocupa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dividido, y con 2 vacantes de magistraturas, falto de probidad concedió facultades que no encuadran dentro de lo legal a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, que tiene como órgano superior de dirección a un Consejo General que de manera colegiada acuerda incluso la designación de la Secretaría Ejecutiva.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, sin embargo, no logra al menos 8 de 11 votos en favor que se requiere para esta posición clave; los perfiles propuestos no convencieron. La obsequiosa resolución del órgano jurisdiccional le dio para imponer a un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva cuando distan 131 días para las elecciones del 2 de junio.
Resulta todo un contrasentido que un garante de la Democracia como el Instituto Nacional Electoral no la ejerza a cabalidad; un factor que pondría en riesgo una macro elección de cobertura nacional, federal y los 32 locales; estas que renovarán 9 gubernaturas, alcaldías y diputaciones.
Si no hay capacidad de conciliar al interior del Árbitro a cargo de la función pública para organizar las elecciones en voluntad popular para renovar los Poderes de la Unión; la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, qué se podría esperar para cumplir con esta «sustantiva responsabilidad de estado» que pasa por la convocatoria a la participación de los 97 millones 642 mil 599 ciudadanos inscritos en lista nominal de electores, quienes decidirán con su voto en voluntad popular a quienes serán sus Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas.
Hay una evidente inducción en el debilitamiento del principal de los contrapesos democráticos, el Sistema Electoral emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; una irresponsabilidad absoluta por parte del Congreso de la Unión que en un primer plano compete a la Cámara de Diputados al imponer la bancada mayoritaria 4 relevos en la presidencia y consejerías electorales generales del INE a perfiles que para nada son idóneos.
El Senado en su ámbito de competencia teniendo en la Junta de Coordinación Política la propuesta para designar magistraturas electorales, federales y locales, jamás tuvo la voluntad para proceder en consecuencia durante el anterior período ordinario de sesiones que clausuraron el 14 y no el 15 de diciembre de 2023.
No halla sentido distinto que el de distraer la atención la anunciada presentación de una iniciativa para desaparecer a los órganos autónomos, que por su naturaleza son contrapesos democráticos; incluido al INE que justo tiene en desarrollo la organización de las elecciones bajo el paraguas de los Principios Democráticos.
Sin filia ni fobia, el entramado democrático vigente que data de origen desde diciembre de 1977 ha ido en una permanente actualización; en primera instancia pluralizó la competencia de acceso al poder, al abrir el paso a todas las expresiones ideológicas, una constante que se mantiene vigente.
