Poder Político
Voto en el limbo
La Democracia de México está prendida con alfileres por la marcada descomposición que hay en el Árbitro y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una división que transgrediendo la institucionalidad les confronta. Se pierde el foco de la común responsabilidad sobre la Jornada Cívica del 2 de junio próximo para renovar por voluntad popular 20 mil 367 Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas, federales y locales; la Presidencia de la República, Congresistas de la Unión y locales, gubernaturas, alcaldías y regidurías.
Urge la sensatez en el Instituto Nacional Electoral creado con la Reforma Constitucional de 2014, con la atribución de tener que ver y además reglamentar los denominados 32 Organismos Públicos Locales; igual en el Órgano Jurisdiccional Federal, además incompleto, situación replicada en los estatales, por una irresponsabilidad del Senado de la República, haciendo todo lo posible por encausar al país hacia un indeseable caos iniciado con los ilegales procesos internos de las enmascaradas candidaturas presidenciales.
Con claridad es un rigorista análisis concluyente el hecho real de un caos que irrumpe el orden constitucional desde el Ecosistema Electoral, incluido los partidos políticos como jugadores en una ridícula competencia por buscar ganar desde la ilegalidad, que si no logran sus objetivos transitarían a escenarios oscuros de polarización política y social, con sus consecuencias.
Absoluta irresponsabilidad tiene la Cámara de Diputados Federal que olvidada de representar a la voluntad a contrapelo pisoteó el Estado de Derecho, en el afán por imponer la designación de los remplazos de 4 Consejerías Generales del Instituto Nacional Electoral; incluida la Presidencia que por tómbola recayó en Guadalupe Taddei Zavala, a quien se le olvidó una trayectoria que pasa por el Servicio Profesional Electoral Nacional, y ahora es factor de división para la institucionalidad.
A la vista del escrutinio público quedan las consecuencias de fracturas en la Junta Nacional Ejecutiva, el Consejo General y Comisiones del INE, que nada tienen que ver con los Principios Rectores de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad.
La Democracia es el fin del Árbitro como depositario de la función pública de organizar las elecciones, obligado a observarla junto con los jugadores; partidos políticos y sus candidaturas que pujan por hacerse de la gobernanza federal y local.
No puede quedar en una mera anécdota la defensa que desde de las organizaciones civiles se hizo del principal de los contrapesos democráticos y tácitamente el cuarto poder público, por el cual hubo una multitudinaria concentración el 13 de noviembre de 2022, al pie del monumento a la Revolución, y luego 26 de febrero de 2023, en el Zócalo de la Ciudad de México.
Desde mi perspectiva se reprueba de cualquiera de las formas que Guadalupe Taddei Zavala no muestre la capacidad de liderazgo institucional que le exige ser la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que desde la herradura de la Democracia en el salón de pleno emite Acuerdos y Resoluciones que sobre el entramado de la civilidad encausan cada una de las actividades preparatorias a la Jornada Electoral del 2 de junio próximo; como Árbitro es su exclusiva atribución la capacitación de funcionarios, instalación de casilla y cómputo de votos.
Bajo el paraguas de un Servicio Profesional Electoral Nacional, no hay razón convincente para explicar que a escasos 5 meses para las votaciones no se tenga acuerdo en la designación de la Secretaría Ejecutiva que como encargado de despacho se asignó primero a Miguel Ángel Patiño Arroyo y luego a María Elena Cornejo Esparza, ambos con sus argumentos; sumado a otros 10 nombramientos, incluida a la Dirección que opera el Programa de Resultados Electorales Preliminares, un instrumento estrictamente de carácter informativo, pero que abona a la certidumbre.
Las Consejerías Electorales también son ciudadanos y tienen derecho a emitir un voto en secrecía por quien su raciocinio le dicte, pero en lo institucional están obligados a representar el interés de los colectivos sociales, a nadie más que no esté en el andamiaje democrático. El mensaje tiene como destinatario para quienes rindieron protesta a la investidura el 4 de abril, unos en 2017, otros en 2020 y los más recientes en 2023.
