Poder Político
Aprobaciones al vapor
A nadie tendría que sorprender la traicionera falta al juramento por Congresistas de la Unión desde antaño y en la contemporaneidad, que son la representación de la voluntad popular de 126 millones de mexicanos y la soberanía del pacto federado, las 32 entidades locales. Qué necesidad mirar por el canal oficial el bochornoso espectáculo entre legisladores perdiendo de vista lo sustantivo; en este caso los Decretos de Leyes y Reformas Constitucionales aprobados al vapor por decenas en el último día de un período ordinario de sesiones.
Por supuesto que tiene su relevancia reconocer la trayectoria de los hermanos Elvia y Felipe Carrillo Puerto, ella la primera mujer legisladora en el país, activista en la puja por reconocerle este derecho político de acceso al poder y él como gobernante de Yucatán, además de Heberto Castillo Martínez; sin embargo, se dejó en pendientes entre otros tantos asuntos los nombramientos de magistraturas electorales, federales y locales, y comisionados en órganos autónomos de gobierno.
A la conclusión de su penúltimo período ordinario de sesiones a mediados de este diciembre, el Senado de la República, con 88 de sus integrantes que buscan reelección, en su interés faccioso le dieron la espalda a los mexicanos negándole el carácter democrático inscrito en el artículo 40 constitucional de celebrar unas elecciones federales y locales, con la oportunidad de que un órgano a cargo de impartir justicia encause la legalidad respecto de cada uno de los actos impugnados, involucrados el Árbitro y los jugadores.
En el contexto de tener 97 millones 586 mil 691 electores inscritos en listado nominal del INE, con corte al 7 de diciembre, que potencialmente renovarán a 20 mil 375 cargos de gobernanza, ejecutiva y legislativa, el Senado sin recato alguno dejó vacantes 2 posiciones de magistraturas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras 63 del ámbito local en las 32 localidades estatales del país.
Un Tribunal Electoral en lo absoluto no es un elemento decorativo cuando que como integrantes especializado del Poder Judicial tienen la atribución de salvaguardar la constitucionalidad y convencionalidad durante el desarrollo del Proceso Electoral para designar mediante el ejercicio del voto a las Autoridades de Gobierno que se renuevan cada 3 y 6 años, respectivamente.
Además de ser la última instancia de la cadena impugnativa que resuelve de manera definitiva e inatacable sustentado en la constitucionalidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene a cargo resolver las demandas y calificar los resultados de la elección presidencial, y entregar la constancia a la candidatura que resulte ser la favorecida por la voluntad popular.
Opino que es lamentable que un instancia jurisdiccional obsequiosa al oficialismo desde su integración en la anterior administración no sea un genuino garante de la observancia legal en un acto republicano, sustantivo y trascendente en la función pública del país y su pacto federado con marcadas asimetrías respecto a sus sus demandas de justicia social que en el discurrir del tiempo se acrecientan.
Además, qué confianza se le puede tener a la magistrada electoral Mónica Arali Soto Fragoso cuando en medio de una crisis interna se le ventiló públicamente en un encuentro con Sergio García Luna, consejero represente de Morena ante el Árbitro; a partir de este 1 de enero de 2024será quien presida al Tribunal.
Como contrapesos democráticos a la cogobernanza ejecutiva y legislativa de México, por su naturaleza no se comparte que el Senado haya dejado sin nombramiento a comisionados al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública cuando la función y la administración de los recursos financieros deben ser conocimiento de los mexicanos; igual caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros tantos.
Con una sinrazón de su comportamiento, cómo es que 467 diputados federales y 88 senadores de la actual legislatura, indistintamente de la ideología, se atreven a buscar una reelección cuando no tuvieron el oficio que exige la esencial política para conciliar sobre el entramado democrático el interés nacional, el de los mexicanos que por voluntad popular le confiaron la representatividad de sus intereses colectivos.
