OPINIÓN

¿Y de ahí?
11/03/2025

Revisar la lista de candidatos, un ejemplo de valentía y necesidad

Mucho se habla de todo lo que cambia en esta elección judicial a la que estamos convocados en menos de tres meses, un ejercicio inédito en el que, no obstante,  hay elementos fundamentales que no cambian. Uno de ellos es evitar que violentadores lleguen al poder.

En procesos pasados, gracias a la lucha de las mujeres se instituyó a nivel federal el mecanismo llamado "3 de 3 contra la violencia de género", que en Tabasco fue aprobado por el Congreso local en septiembre de 2023. En el proceso electoral pasado, el mecanismo evolucionó hacia "8 de 8", con cinco supuestos más que harían a una persona no elegible a un cargo.

Sin señalar este mecanismo de ley por su nombre mediático, se retoma en cada una de las convocatorias de los comités de evaluación de los tres poderes para postular candidaturas a la elección judicial. La "8 de 8" obliga a que no sea candidata a ningún cargo de elección popular una persona que tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, tales como homicidio, feminicidio, lesiones o abandono de personas; delitos contra la libertad y seguridad sexuales o los que afecten el desarrollo psicosexual, como son la violación, el estupro, el abuso sexual, hostigamiento sexual o provocar inseminación o esterilidad sin consentimiento; la violencia familiar y doméstica; la violación a la intimidad sexual, que incluye conocer detalles de la intimidad de la víctima, observarla, grabarla o reproducir algo relacionado con esa intimidad por cualquier medio, sin consentimiento; violencia política en razón de género o ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

Resulta trascendental para el sistema político este avance por el que, teóricamente, se impide a ninguna persona que incurra en este tipo de violencias ocupar un cargo de poder público. Un logro que, no obstante, se debe matizar ante la realidad de que un alto porcentaje de delitos quedan impunes. Es una situación cuya frecuencia aumenta a medida que el perpetrador es alguien con poder político o económico.

Hecha la ley, hecha la trampa; aquello de la "sentencia firme" ofrece algunas salidas a quienes, siendo responsables de alguna de estas conductas, pueden evadir la cancelación del derecho a ser votado. Los deudores alimentarios pueden estar a tiempo de librarse de la sentencia pagando lo que deben. Dependiendo del delito y la penalidad en cuestión, puede ser que los responsables alcancen beneficios tales como una suspensión condicional del proceso. La mayoría de los delitos que se incorporan en la "8 de 8" tienen penas muy altas que impiden alcanzar el beneficio de una suspensión condicional. Pero hay casos en los que podría ser que sí, como en algunas lesiones, violencia familiar o los delitos contra la intimidad sexual.

Esto es importante porque una suspensión condicional del proceso penal no implica una sentencia firme, por lo que, al cumplir los acuerdos con la víctima, incluyendo la reparación del daño y no volver a violentarla, es posible librarse del asunto sin que queden antecedentes penales.

Que los aspirantes a candidaturas del Poder Judicial están libres de algún impedimento según la 8 de es un requisito que se ha de verificar. Para hacerlo, es precisamente el Poder Judicial el que cuenta con esa información en sus sistemas y registros históricos. El hecho de que miles de aspirantes se postulen a los cientos de cargos en el ámbito federal, que suman miles si también tomamos en cuenta los poderes judiciales locales, ayuda a dimensionar qué tan grande es el desafío en ese sentido.

Aunque parezca que la 8 de 8 es un mecanismo técnico que sólo compete al Poder Judicial o los órganos electorales, la participación ciudadana es muy importante. En el desarrollo de la elección en curso, en San Luis Potosí, la señora Rosalinda Ávalos logró sacar de la elección judicial a Sabas Santiago Ipiña. La mujer, madre de dos hijos asesinados y activista, señaló que el aspirante que había sido registrado por el Poder Legislativo tenía nexos con la delincuencia organizada. Tal como Rosalinda Ávalos enseña con su valentía y ejemplo, no estará de más revisar las listas de candidatos una vez que se publiquen en Tabasco. No sea que se cuele alguien que incumple los requisitos.





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