Una corte para hacer justicia contra criminales responsables de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, capaz de actuar ahí donde los países no pueden o no quieren hacerlo. Una institución que garantice que los responsables de crímenes atroces paguen por sus actos, sin importar que sean líderes políticos o militares del más alto nivel. Cuando en 2003 empezó a operar la Corte Penal Internacional, muchos esperaban que cumpliera las más altas aspiraciones de justicia de la humanidad. Otros dudaron que pudiera llevarlo a cabo.

¿Se necesita una Corte así? Luego de la Segunda Guerra Mundial, quedó claro que sí. Poco a poco se sentaron las bases de lo que después serían los sistemas regionales de Derechos Humanos. Desde entonces se planteó la necesidad de un tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero el proyecto quedó trunco. En la década de 1990, se instalaron tribunales para atender los casos de genocidio en Ruanda y los crímenes de guerra en la entonces Yugoslavia. Fue hasta 1998 que se firmó el Estatuto de Roma, fundamento de la Corte Penal Internacional (CPI).

En la década de los 2000, se acusó a la CPI de ser un "policía de África", un instrumento de intervencionismo europeo. Los primeros casos los llevaron los mismos países africanos, que creyeron en la institución como un medio para alcanzar la paz. En 2009, la CPI ordenó la detención del entonces presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, lo que el país estimó como una invasión de su soberanía.

Hasta 2022, la CPI sacó su foco de atención de África y lo puso en la guerra en Ucrania, al año siguiente giró una orden de aprehensión contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, por su presunta implicación en la desplazamiento ilegal de niños ucranianos desde territorio ocupado hacia su país. Líderes europeos y del mismo Estados Unidos de América celebraron la decisión. Pero el apoyo se esfumó en mayo del año pasado, cuando la CPI giró una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, por su presunta responsabilidad en crímenes de Guerra cometidos en el conflicto en Gaza.

La polémica se reavivó con el segundo mandato de Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por acciones contra sus aliados, e incluso, contra los mismos Estados Unidos. La sanción es contra toda persona (y su familia) que ayude a la CPI a investigar o cumplir órdenes de arresto contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, como Israel.

Estados Unidos, Israel, China, y Rusia no sólo no reconocen la institución, sino que en algunos casos la consideran como una amenaza a su soberanía. Pero la orden contra Vladimir Putin se giró porque la CPI atrajo el caso luego que Ucrania se sumó en octubre de 2024. Y en el caso de Benjamin Netanyahu, porque Palestina se reconoce como Estado parte.

Para muchos especialistas, si la CPI no puede cumplir éstas órdenes de arresto y llevar a esos líderes a juicio, está condenada a desaparecer, pues sus objetivos y altos ideales son imposibles de llevarse a cabo. Muchos países africanos consideran que no tiene sentido someterse a la CPI y formar parte del Estatuto de Roma, si su autoridad no alcanza a los países poderosos. Burundi y Filipinas se han retirado.

Esta historia puede parecer ajena, pero hay en ella cuestiones universales. La aspiración de vivir en paz, de ser mejores, de ser capaces de hacer justicia, se topa con pared cuando, al calor de la política pura y los intereses económicos duros, se pone en entredicho quién tiene autoridad o no. Son los poderes fácticos los que definen qué justicia puede hacerse y hasta dónde.

El Estado de Derecho, que presupone que todas las personas, instituciones y entidades públicas o privadas están sujetas a las mismas leyes, que se aplican de forma clara, siempre ha tenido estos límites. Cuando hay quien puede ponerse por encima de la ley, alguien puede decidir no hacer caso al mandato de una autoridad judicial, todo el entramado institucional que sostiene al Estado o las instituciones internacionales puede derrumbarse. Crisis como ésta se viven no sólo en el ámbito internacional, también, por desgracia, en los ámbitos nacionales y locales.