Legislar la inminente Reforma Electoral, constitucional y a leyes secundarias, debe hallar sustento en el andamiaje de robustecer su arquitectura pautada por una progresiva construcción desde aquella de 1977, que coordinó el ideólogo Jesús Reyes Heroles como Secretario de Gobernación, e impulsó la apertura a más jugadores en la competencia por el acceso al poder público, otros partidos políticos nacientes, incluyendo a los de ideología socialista y comunista por mucho tiempo confinados a la clandestinidad.

El punto de inflexión que representa la consecuente configuración de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Participación Electoral trajo consigo el activismo de personalidades claves que indistintamente de ideologías contribuyeron a la democracia de México; dese un Heberto Castillo Martínez, Valentín Campa, Arnaldo Córdova, Enrique González Pedrero, Carlos Castilla Peraza, entre otros notables de quienes se puede apreciar su respectivo busto en la calzada que exprofeso se tiene en la otrora Residencia del Presidencial Oficial «Los Pinos», hoy Centro Cultural.

Para el Estado de Derecho en el ámbito de lo electoral no debe permitirse a negociación, en el trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la función pública con autonomía para organizar la renovación periódica por precepto constitucional de las autoridades de gobierno ejecutivas y legislativas, sumado ahora en la ecuación el Poder Judicial.  

Sin margen a regateo alguno debe sostenerse la observancia de los Principios Rectores originarios de la Reforma de 1990. A saber; «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad», que no puedan ser transgredidos como aconteció en 2024 con actos fuera del Proceso Electoral Ordinario, federal y locales.

El entramado democrático de ese 1990 dio origen al Instituto Federal Electoral posteriormente autónomo desde octubre de 1996, con progresivos avances hasta la reforma de 2014 que dio paso la transición al Instituto Nacional Electoral, a cargo de reglamentar a los organismos públicos locales, con la asignatura implicada de designar las consejerías electorales mediante convocatoria pública. El oficialismo gubernamental dejó de tener esa facultad, en los hechos un botín que se repartía por cuotas y cuates.

Es cuestionable que muchos de quienes aún continúan activos en la clase política cogobernante, oficialismo y oposición, tuvieron su activa participación y aporte como para establecer una visceral deliberación, al tener en el limbo una erosión del espíritu democrático de la función pública autónoma, de facto el cuarto poder público por el que eligen por voluntad popular a los Poderes de la Unión y los Locales, ejecutivos y legislativos.

La iniciativa de Reforma Electoral con proyecto de decreto que la anterior Presidencia de la República presentó el 5 de febrero de 2024 ante la Cámara de Diputados va contra natura del entramado actual del cual fue partícipe.

Per se representaría un retroceso a la democracia mexicana, al resquebrajar la vida pública como país republicano que entre sus características incluye justo la democracia, así como federal, popular, y laico, representativo de un colectivo social incluyente.

En la coyuntura de la actual configuración gobernante hacen impensable que justo la representatividad popular deje de haberla con la eventual extinción de los congresistas de representación proporcional, habida cuenta que el nuevo modelo centrado en los 300 diputaciones de mayoría relativa literal corta de tajo al ciudadano la claridad de tener un legislador que le represente en este contexto de la demarcación distrital; se lleva entre las patas la indefensión de las minorías que optan votar en sentido contrario a la mayoría.

Bajo el paraguas de que es perfectible el Estado de Derecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias, la clase cogobernante ejecutiva y legislativa debe regirse por decisiones sesudas y no viscerales que derivan en gravosos daños para todos.

En el actuar de la clase cogobernante hay una traición a la protesta constitucional de respetar al Estado de Derecho, además de mirar por el bien de la ciudadanía independientemente de su pluralidad étnica entre razas, ideología y credo.

Parafraseado, «por el bien de todos» que prevalezca la razón, el ejercicio de una genuina política, para conciliar y no polarizar, una constante indeleble en todos los tiempos y circunstancias, desde las confrontaciones entre Federalistas y Centralistas hasta el Régimen de Partidos Políticos.

Bitácora

Qué memoria perecedera se tiene en Tabasco como para dejar en la intrascendencia el 5 de febrero la conmemoración de sus 200 años como estado libre y soberano, desde 1825; aunque ya figuraba entre las 19 entidades pioneras firmante del Acta Constitutiva de México del 31 de enero de 1824. Pareciera ser que el mismo camino de invisibilidad correrá el centenario del voto femenino, por decreto del 14 de marzo de 1925. Antes, ya sucedió con la constitución de 1919.

Felicitaciones y gratitud para Diario Presente que el 12 de febrero en el 66 aniversario desde 1959 de un compromiso institucional de un periodismo veraz. La noticia nunca ha sido un accesorio; por lo contrario, es un censor de la viuda pública y consecuente toma de decisiones en lo público y privado, igual social.