La inminente Reforma Electoral, constitucional y a sus leyes secundarias, que se gestiona en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe sustentarse en el andamiaje democrático que implica preservar los principios rectores de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima Publicidad y Objetividad» en la renovación de las Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas. Con la consideración de lo perfectible, la prioridad debe centrarse en la «Calidad de la Democracia» entre los jugadores, partidos políticos y candidaturas, no tanto en el árbitro administrativo ni judicial que mucho avance tiene.

Ahora que se tiene a  organizaciones civiles en el proceso de aspirantes a obtener el registro como nuevos partidos políticos, nacionales y locales, la reforma debe centrarse en elevar el umbral mínimo de votación a 5 por ciento para cada elección, exigiéndose a haya genuina competencia entre los jugadores; sobre el entramado de unos sustantivos documentos básicos; estatutos, principios de doctrina y programa de gobierno; además de incrementar el mínimo de militancia del 0.26 por ciento al 1 por ciento del padrón electoral, que se tiene para candidaturas independientes, para sostener su revalidación.

El país requiere de partidos políticos y militancia con vocación para competir por el acceso a las posiciones de poder cogobernante, que honren la representación popular y soberana del pacto federado; no que sean mercaderes con cargo a la política, aunque el común sean neófitos para comprenderla y ejercerla.

A los Congresistas de la Unión, así como los del ámbito local en las 32 Cámaras de Diputados, debe quedarles claro que es imposible celebrar comicios y menos democráticos con la ausencia de los principios rectores de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima Publicidad y Objetividad» por las que se rigen el Sistema Nacional de Elecciones, el INE y los organismos Públicos Locales como autoridades públicas autónomas organizadoras de las votaciones.

Sería contra natura pretender quebrantar la función pública de carácter independiente; autónoma e imparcial. Dicho con claridad, las consejerías electorales del ámbito nacional y local deben mantener intactas la reglamentación de un rigor técnico para ser designadas por competencias y capacidades.

No tiene por qué regresar la asignación por cuotas y cuates de consejerías electorales en los organismos locales que desde los poderes ejecutivos y/o legislativos hubo hasta antes de la Reforma Electoral del 10 de febrero de 2014, para ser una facultad exclusiva del INE que filtra su integración mediante convocatoria pública.

Aún más, el Servicio Profesional Electoral Nacional creado desde el primigenio Instituto Federal Electoral emergido en octubre de 1990 que ha trascendido a la actualidad debe continuar vigente; habida cuenta que su personal tiene una puntual capacitación actualizada y se le evalúa con la aspiración de escalar en su trayectoria o bien corren el riesgo de quedar fuera.

En lo absoluto, el Servicio Profesional Electoral Nacional, no es una «burocracia dorada» sino el brazo operativo a cargo de llevar a cabo en armonía cada una de las actividades preparatorias implicadas en la renovación de las autoridades de gobierno; ahora ocupados en unos inéditos y desafiantes comicios del Poder Judicial. En este ente ampliado al Sistema Nacional de Elecciones reside el reconocido prestigio que se tuvo del extranjero, al nivel de solicitarle asesorías.

La idea de cambiar la nomenclatura de Instituto Nacional Electoral a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es una expresión de frivolidad y superficialidad, cuando los actos de esta naturaleza implican también a las consultas populares como las que hubo por el enjuiciamiento de los expresidentes de la República, el 1 de agosto de 2021; así como  la relativa a la revocación de mandato del entonces Ejecutivo Federal en funciones, el 10 de abril de 2022.

El argumento del oneroso presupuesto que se asigna para organizar las elecciones constitucionales de los gobernantes que debe ser «libre y secreto», es una falsa retórica de la mentira.

Aunque no se puede dejar de lado que los comicios descansan sobre la suspicaz desconfianza que hay entre jugadores; partidos políticos y sus candidaturas a cargos ejecutivos y legislativos. La impresión de boletas en papel y con candados de seguridad, las urnas transparentes, una credencial para votar con múltiples medidas que le hacen imposible de falsificar, tienen un costo importante que deben ser catalogados como una inversión cuando se fundamenta la transparencia, sumado a que la Jornada Cívica de recibir y contar los votos reside en la ciudadanía, a la vista de los representantes partidistas.

En los tiempos y circunstancias, el voto electrónico y digital debe empezar a incorporarse en las elecciones constitucionales, empezando por pilotos hasta llegar a la normalidad, en pro de una eficiencia en el resultado, aparejado con una sustantiva economía, al dejar de lado el modelo tradicional del papel y material como urnas y mamparas.