Poder Político
Democracia real
Los Congresistas de la Cámara de Diputados Federal deberán gestionar en conjunto una inminente «Reforma Electoral Constitucional» que de origen preserve los principios rectores vigentes de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima Publicidad y Objetividad», que deben regir toda renovación por voluntad popular de Autoridades de Gobierno; que en el contexto de la «Calidad de la Democracia» se enfoque a los actores, partidos y candidaturas, por sobre el árbitro administrativo y jurisdiccional.
En el contexto de lo perfectible, el gravoso problema no está en el Sistema Nacional de Elecciones, que tiene su solidez en la originaria reforma de 1977, sino en los jugadores que justo desde entonces le abrió el camino a la pluralidad de opciones para acceder al poder gobernante, ejecutivo y legislativo.
Ahora que durante este enero posterior a la elección presidencial se tiene abierta la ventanilla para que las organizaciones civiles manifiesten al INE o bien al órgano público local, su interés de constituirse en partidos políticos nacionales y locales, debe tenerse en cuenta en el Congreso de la Unión debe elevar el listón de acreditar una membresía militante que respecto del Padrón Electoral pase del 0.26 por ciento al 1.0 por ciento que se les exige a las candidaturas independientes.
Qué país como México puede aspirar a alcanzar en los hechos al ideal de vivir en una genuina justicia social, cuando llegado el momento de renovar a sus Autoridades de Gobierno en la boleta mire sólo nombres y apellidos de personajes impresentables e intrascendentes, ya votados para cargos previos sin haberles cumplidos con lo comprometidos.
Con un padrón electoral, actualizado al 2 de enero, de 101 millones 028 mil 043 ciudadanos que han hecho su registro para obtener su credencial para votar, hay una paradójica diferencia entre los 262 mil 673 militante que una organización debe acreditar para constituirse en partido político, y que para ello tenga todo un año de plazo; mientras que en el caso de quienes desde 2018 han aspirado a registrarse como candidatos independientes a la presidencia deban acreditar la firma de apoyo de 1 millón 010 mil 280 ciudadanos, durante el periodo máximo de 5 meses.
Claro está que esta asignatura no sería retroactiva para las organizaciones civiles, pero sí añadir un artículo transitorio para que los partidos políticos actuales cumplan con esta obligación entre las auditorías que se les realiza por parte del INE para cumplir con el mínimo del 1 por ciento de militantes, respecto al padrón electoral. Por lo contrario, perderían su registro. La «Calidad de la Democracia» debe ser observada.
Hay un claro ridículo que se tengan fácil acceso a integrar partidos políticos nacionales y/o locales, pero que en su primera participación dentro de un proceso electoral deben participar en solitario con la gran posibilidad de extinguirse por no alcanzar el umbral del 3 por ciento de la votación total nacional o local; umbral que deberá elevarse al 5 por ciento como se tuvo durante la vigencia de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Participación Electoral, la LOPPE.
Regresar al umbral del 5 por ciento de votación permitiría tener las condiciones para que en México los partidos políticos pasen de la mediocridad y operar en los hechos como un lucrativo negocio; caso el Partido Verde Ecologista y otros tantos, para realmente ser opción en la representación que pujen por la justicia social, por el bien común ciudadano. La pretensión de la denominada «cláusula de vida eterna» no cabe como se pretendió imponer con el retorno de tener en una sola bolsa los votos coaligados.
Además, debe establecerse una exclusividad de candidaturas independientes para integrantes la sociedad civil, sin antecedente de haber participado en candidaturas partidistas; habida cuenta que desde su reinserción en agosto de 2012 en lo subsecuente fueron tomadas literalmente por personajes expulsados o resentidos de partidos políticos.
Las comisiones Unidas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión están obligadas a gestionar con el andamiaje de un auténtico ejercicio de la «política» para configurar una Reforma Electoral Constitucional sesuda, con hechos visceral.
México no puede ser más rehén de una farsante clase política cogobernante legislativa que en vez de mirar por la representación popular y soberana del pacto federado optan por atender a los intereses mezquinos de sus partidos políticos; una traición sistemática a la voluntad popular que con su voto les otorgó su confianza.
Con puntualidad, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los locales, deben mantener su estatus de autoridades independientes para organizar y sancionar elecciones democráticas, en armonía con los Principios de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima Publicidad y Objetividad».
