Poder Político
Conciliar un México
Todos los mexicanos son iguales ante la Constitución y las Leyes, todos con derechos y también obligaciones incluso políticas de votar y a ser votados en democracia, que es la genuina expresión ciudadana de elegir en voluntad popular por sus Autoridades de Gobierno; sin distinción alguna de la condición humana de género, origen étnico, ideología, o credo. Todos los mexicanos son libres para decidir por mayoría quién sí o no representa sus intereses, el patrimonio.
En el contexto constitucional bicentenario de este país con pesos y contrapesos que dan sentido a un cogobierno Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, todo tiene que ver con la democracia, reconocida entre las características que le distinguen.
Bajo el paraguas de una República Mexicana, se dio en 1977 el más trascendente de los puntos de inflexión democráticos arraigando con solidez el entramado de una reforma electoral primigenia, que trascendida en el tiempo le da sustento a la instauración de la institucionalidad en la ordenanza de elegir con periodicidad Autoridades de Gobierno.
En los tiempos y circunstancias de la Reforma Electoral coordinada por Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, de origen dio paso a la competencia por el acceso al poder de unos cuantos, a la pluralidad de las expresiones ideológicas, al abrir el abanico a la incorporación de organizaciones civiles que combatidas desde el oficialismo operaron por mucho tiempo en la clandestinidad.
Una puja que dejó de ser exclusiva entre el PRI, acción Nacional, el PPS y el Auténtico de la Revolución Mexicana, para que se insertaran otros jugadores a la competencia democrática, entre estos los de ideología de izquierda como el Partido Socialista Unificado de México; que décadas posteriores en un gesto de generosidad se fusionó con la corriente de Cuauhtémoc Cárdenas, y cedió su registro como partido político que dio soporte legal al PRD.
Una transición de la ideología de izquierda que no se hubiera podido dar de otra manera sino mediante la fusión entre fuerzas políticas, en la coyuntura de un autoritarismo intratable que caracterizó a la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en quien residía aún la posesión del órgano electoral.
Los tiempos y circunstancias erigieron el Instituto Federal Electoral que todavía mantuvo al oficialismo en la presidencia del organismo, que en la Reforma de 1996 concretó la función pública de organizar con autonomía las elecciones de las Autoridades de Gobierno.
El Tribunal Electoral del Poder del Poder Judicial de la Federación desde entonces emite sentencia y definitividad en armonía con la constitucionalidad a cada uno de los actos impugnados, desahogando los conflictos del ámbito federal y locales.
La instancia especializada en temas de naturaleza electoral del Poder Judicial no dudó para emitir sentencia de anulación de las elecciones de gubernaturas; Tabasco en el 2000 y Colima en 2 ocasiones, 2002 y 2015, en todos los casos por incurrir en actos ilegales y por injerencia del oficialismo.
Entendiendo que la materia electoral será siempre perfectible y no definitiva, se asignó el financiamiento público a los partidos políticos, continuado por su fiscalización sin la limitantes del secreto bancario, fiduciario ni fiscal; la reinserción de las candidaturas independientes; hasta la transición en 2014 al Instituto Nacional Electoral con la atribución de reglamentar a los 32 organismos locales, filtrando por convocatoria pública la integración de las Consejerías Electorales, cuando antes fue botín de cuotas y cuates desde el gobierno y en los congresos.
El Instituto Nacional Electoral tiene la facultad para atraer asuntos del ámbito local que sean de su interés y la de asunción, atraer la organización de las elecciones de las entidades cuando hay riesgos de que no haber condiciones para celebrarse en democracia. Sucedió con Colima en la extraordinaria 2015-2016, aunque por mandato del Tribunal Electoral.
En el Sistema Nacional de Elecciones nadie se manda solo, ni siquiera los partidos políticos y candidaturas que igual han sido castigadas con sanciones económicas y con la cancelación del registro, como ocurrió en 2021 para gubernaturas en Guerrero y Michoacán.
Por supuesto que el Sistema Electoral se toca, pero siempre que sea para robustecer el entramado democrático, no así para debilitarlo o bien tenerle como antaño a merced del oficialismo.
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