Poder Político
La horca
Las frívolas improvisaciones no son la excepción y sí el común denominador que desnuda el decadente nivel ancestral en las deliberaciones entre Congresistas de la Unión, Senado y Cámara de Diputados. La actual legislatura por concluir como las anteriores y la que viene en nada honran ni la representación popular de los 126 millones de mexicanos, a marzo de 2020; ni al pacto federado de las 32 entidades locales soberanas.
La Reforma Política emitida por decreto el 10 de febrero de 2014 implicó la modificación para que las diputaciones incluso locales se eligieran hasta por cuatro períodos consecutivos y en el senado por dos ocasiones; una suma de12 años en ambos casos, con el propósito de lograr una profesionalización en la función pública legislativa.
La máxima constitucional del «Sufragio efectivo, no reelección», vigente aún en la Presidencia de la República y Gubernaturas, ya no lo es para el Poder Legislativo que les permite al menos 88 senadurías y a 467 diputaciones federales buscar la reelección en 2024, así sea una tercera o secunda consecutiva para las votaciones del 2 de junio de 2024.
Al menos 88 de 128 senadurías de la República actuales, un 68.75% buscarán el próximo año la elección consecutiva, y también 467 diputaciones, el 93.4% de los actuales 500 diputados federales.
A los 97 millones 493 mil 811 ciudadanos inscritos en lista nominal de electores debería importarle ejercen o no su derecho político a votar; además de poner en la balanza si quienes otra vez quieren repetir como representantes populares y del pacto federado en su estado le cumplió o no lo comprometido en las respectivas campañas de 2018 y 2021.
En el contexto del ejercicio legislativo habría que ponderar la sinrazón derivada incluso en leyes como el «Plan B» a las Leyes Electorales que, por violentar el no seguimiento al reglamento interno, la práctica parlamentaria, fueron declaradas inconstitucionales; agregadas otras tantas como la relacionada con la Guardia Nacional y el Padrón Nacional de Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, los celulares.
La intención del Constituyente en la Reforma Política de 2014 pretendió la pertinencia de configurar un Congreso experimentado en las iniciativas y gestión de leyes. En el fondo del análisis no se ha cumplido el objetivo.
Habría que plantearse si los congresistas en su generalidad ameritan purgar una sanción carcelaria al faltarle a una investidura por la que se juró respetar la Constitución, las leyes secundarias y mirar por el bien de las y los mexicanos. Sentaría un precedente para la actual y subsecuentes legislaturas, federal y locales.
Claro está, el castigo a los legisladores se armonizaría con la iniciativa expuesta por la diputada federal Ana Elizabeth Ayala que plantea «aplicar 4 años de prisión a aquellos que no canten bien el Himno Nacional o distorsionen los colores y formas de la bandera insignia de México».
En la rigidez de la iniciativa de la legisladora llevada a un decreto de ley y a la Constitución podría ser validada por los juristas del nivel de un Raúl Carrancá y Rivas y el extinto Ignacio Burgoa Orihuela, habida cuenta que la generalidad de quienes han sido electos por voluntad popular como representantes populares y del pacto federado le han defraudado con compromisos centrados en la «justicia social», una genuina calidad de vida alejada de las asimetrías que representa tener en la pobreza incluso extrema a 46 millones de mexicanos, el 36,3% de la población total.
El rezago desde legislaturas precedentes en iniciativas de leyes y reformas constitucionales es ya literal imposible de contabilizar, aun cuando un importante porcentaje son rescatables para un país en desarrollo y prosperidad.
La misma sentencia de estar tras las rejas deberían tener funcionarios públicos como Ignacio Ovalle, quien, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, hizo uso ilegal de 20 mil millones de pesos documentados por la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión. El mismo caso es de Francisco Garduño, responsable de 39 migrantes calcinados en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tomándole la palabra a la diputada habría que trabajar en una ley con un parlamento abierto que establezca las penalizaciones que correspondan al cogobierno administrativo y legislativo; federal, local y municipal, que combata de raíz la rapiña al patrimonio nacional. No sólo a los artistas que tienen un error al entonar el Himno Mexicano en eventos deportivos.
