Poder Político
Desconfianza
El artículo 35 constitucional federal consagra el derecho político de los mexicanos a votar por sus Autoridades de Gobierno, la Presidencia de la República así como al Congreso de la Unión, Senaduría y Diputaciones, además de las que competen al ámbito local. Sin embargo, para que los electores concurran a votar en voluntad popular por sus gobernantes hay una corresponsabilidad entre los partidos políticos incluso coaligados con candidaturas competitivas en perfiles y compromisos de campañas.
Los 97 millones 403 mil 434 ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores del INE, actualizado con corte al 2 de noviembre, esperarían propuestas que le hagan sentido con la creciente exigencia de desarrollo social; durante los 60 días de precampañas, que para la Presidencia de la República no deberían haberlas al ser candidaturas únicas, y los 90 días de campaña.
Un acto constitucional como la renovación periódica de las Autoridades de Gobierno que para el 2 de junio de 2024 se elegirán 629 entre el Ejecutivo y Congresistas, y en lo local 19 mil 634 entre gubernaturas, alcaldías y diputaciones, requieren de un voto popular lo más concurrente posible en participación de electores que suscriben lo legal; apegado al derecho, dentro de un marco jurídico armonizado con la observancia de los Principios Democráticos.
La legítimidad implica encausar la competencia electoral hacia el sendero de una competencia limpia, sin admitir actos fraudulentos. El voto debe y tiene que ser libre, no de una sistemática costumbre ni coercitivo; justo, auténtico, moral y ético, por los cuales quienes sean elegidos están obligados a regirse en acciones comprometidas en pro del bien común, no faccioso.
El compromiso de la Democracia Representativa, gobernante, es con la voluntad popular, no con el partido político que son sólo instituciones igual de naturaleza ciudadama para el acceso al poder público. Aunque en los hechos ancestralmente se da lo contrario con la obsequiosa permisividad de la voluntad popular.
El juego de una campaña sucia en nada ayudarían al esfuerzo institucional del Árbitro Electoral en la promoción del voto y participación ciudadana, justo para ejercer el derecho político ciudadano a votar, con la deseable premisa de razonamiento sobre el conocimiento de plataformas.
Sin embargo, a los protagonistas de la competencia con recurrencoa no se les da el sentido de armonizarse con la democracia, aún menos elevar el nivel sustentado en la calidad de sus propuestas. Por lo contrario, son incapaces de confiar en sus propios argumentos, no se dan la oportunidad de creérsela por la suspicacia mutua,
El Árbitro Electoral asume su función pública con los Principios de Certeza, Legalidad, Impacialidad, Independencia, Objetividad, Máxima Publicidad, sumado al cumplimiento paritario entre los géneros y colectividades.
La población electora, mujeres y hombres, deberían y tendrían que asumir con responsabilidad democrática de escudriñar a los partidos políticos y/o coaliciones, el perfil de candidaturas implicadas a su hoja de vida pública; y, aún más, que los compromisos sean estructurales, de solución a las demandas sociales y no de la coyuntural remediación.
Para que se dé un voto de calidad es obligación ubicar a cada unas de las candidaturas y ponderar entre propuestas de un mejor país, estado y municipio. En la contemporaneidad de los tiempos y circunstancias no admite optar por quien no se conoce ni por presión alguna. El sentido de la decisión plasmada en la boleta no tiene por qué ir absolutamente por unas siglas.
El voto diferenciado que elige por candidaturas comprometidas, independiente de la ideología partidista, contribuye al contrapeso en el entramado de una corresponsabilidad entre Autoridades de Gobierno, al que como elector debe obligarse al acompañamiento que asegure concretar un desarrollo social sustentable que pasa por educación, salud, economía, paz pública, esoparcimiento cultural y deportivo, hasta infraestructura de de servicios públicos.
Los jugadores deben ceñirse a competir con sus argumentos lícitos y no pretender violentar la ley, ensuciando un esfuerzo que involucra a los electores que fungen además como funcuionarios de casilla con la suspicaz mirada entre representantes de partidos políticos.
