La verdad y la justicia son hermanas gemelas, pero no son idénticas. Muchas veces han sido separadas por la fuerza, siempre que pueden, los poderosos así lo hacen. Es posible una especie de justicia, fruto de un preso judicial formal, aunque no se llegue al fondo de la verdad, al esclarecimiento de los hechos.

No es una justicia completa, sólo se le parece. De igual modo, es posible conocer la verdad, aunque ya no sea posible la justicia.

Esto puede pasar con cualquier clase de crímenes, sin embargo, en delitos puntuales es más usual que se inicie un proceso sin que se logre el objetivo de esclarecer los hechos ni de proteger a las víctimas.

En otro tipo de delitos, más sociales por cuanto involucran directa o indirectamente a muchas más personas, sea como víctimas indirectas, sea en redes de complicidad, violencia o corrupción, lo más frecuente es lo segundo. Hay verdades que llegan a saberse después de un tiempo, cuando ya no es posible hacer justicia.

Dos ejemplos del momento. Un Tribunal Colegiado de Apelación en Chihuahua confirmó la suspensión condicional del proceso contra Francisco Garduño, quien era comisionado del Instituto Nacional de Migración el 27 de marzo de 2023, cuando un incendio cobró la vida de 40 migrantes.

Un evento del que fueron virales videos donde se aprecia cómo, en medio del incendio, personal de la estación migratoria de Ciudad Juárez, se negó a abrir la puerta a los migrantes.

A pesar de que representantes de las víctimas se oponen a esa suspensión condicional y fueron escuchados en audiencia, la decisión se confirmó.

Una decisión a todas luces contraria a la ley, pues la suspensión condicional es una solución alterna que requiere que no exista oposición fundada de las víctimas u ofendidos, y que la pena de prisión del delito por el que se imputa sea de cinco años o menos.

Para el imputado, tiene la ventaja de que puede salir sin tener antecedentes penales, mientras que para las víctimas se ofrece un plan de reparación de daños.

En este caso, Francisco Garduño logró esta suspensión mediante un amparo, pero no se conocen los detalles de cómo pretende la autoridad que se dé por reparadas a las familias de los 40 migrantes que perdieron la vida. Todos sabemos lo que pasó en la estación migratoria, y quién era el responsable de la misma.

Por lo pronto, el proceso judicial está suspendido, y está en duda que lo que se ofrezca en el plan de reparación sea justo para las víctimas.

Dentro de las críticas al poder judicial que protege personas, cabe éste caso tan bien como cualquier otro de los que se han señalado en que se libra a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Otro caso. Integrantes de la llamada Comisión de la Verdad del ISSET han dicho que es posible que los delitos cometidos por uso indebido de recursos públicos hayan prescrito, aunque también que algunas de las pensiones inexplicablemente altas seguían vigentes hasta hace poco.

Mientras hayan seguido vigentes, lo está el delito. No se puede decir que encontraron irregularidades así todavía en este sexenio y al mismo tiempo, que tal vez no se pueda perseguir judicialmente. Ojalá no sea un lavado de manos prematuro.

En todo caso, es posible establecer con evidencia documental la certeza suficiente de qué fue lo que pasó, incluso si algunas de las personas responsables ya no viven o esos delitos han prescrito.

Para nadie en Tabasco es un secreto que el ISSET fue usado como caja chica durante varias administraciones, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de señalar con nombre y apellido, montos y operaciones, lo que sucedió.

Suponiendo que todo sea pasado, que ninguna de esas irregularidades haya sobrevivido hasta el presente, si no es posible la justicia formal es deseable, al menos, la verdad. Que se supone que para eso es la comisión, deben, al menos, ofrecer eso.

El denominador común en estos ejemplos es que está involucrada gente con poder, a quienes se les han autorizado beneficios aun cuando son contrarios a la ley. En todo caso, la justicia y la verdad son ideales orientados a un mismo objetivo: resarcir a las víctimas en los derechos que les fueron lesionados.

De poco sirven los procesos y las comisiones si la gente no tiene algún resultado.