Donald Trump, en escasos tres meses desde que juramentó este 20 de enero para un segundo período como presidente de los Estados Unidos de América, en la sinrazón de un nacionalismo proteccionista literal empujó hacia el caos a la nación de supremacía dominante sobre la geopolítica, como consecuencia de tenerla a merced de sus caprichosa imposición de los aranceles; erosionando el estatus quo anterior al regreso a la oficina oval de la Casa Blanca, con un filoso cuchillo entre los dientes que puede ser su guillotina ante un eventual retiro de la investidura mediante un impeachment, el juicio político gestado desde el Capitolio.

Las multitudinarias manifestaciones de repudio generalizada al interior del país norteamericano por la atroz política de emitir decretos ejecutivos que impactan en la carestía de la vida, sumada a una pretendida eficiencia del aparato gubernamental por la cual miles perdieron sus empleos, además de una economía convulsa que deprecia el valor de las empresas que cotizan en el mercado bursátil, representan sólo el principio de los argumentos para que los congresistas estadounidenses en el Senado y en la Cámara de Representantes, empiecen a ponderar la pertinencia de analizar un posible derrocamiento.

Los congresistas del vecino país y socio comercial, en situaciones de un riesgo de estado al nivel que Donald Trump de un transgresor del entorno al perder el piso por intereses facciosos, no lo piensan dos veces para activar el botón con sustento constitucional.

En situaciones de extrema adversidad concilia al Capitolio entre el gobernante régimen republicano y los demócratas, las ideologías quedan a un lado cuando se atenta contra el estatus quo. Podría ser una acción unánime o de mayoría conjunta la que podría hacer fugaz la segunda gestión del Poder Ejecutivo en funciones.

El atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 a las torres gánemelas del Word Trade Center en Nueva York, así como al Pentágono y la amenaza sobre la Casa Blanca, llevó a una unánime unidad del Capitolio demócrata con el entonces republicano presidente George Busch, y con el país, representa el botón de muestra.

Sería demasiado listar el largo historial de transgresiones recientes y pasadas asumidas por un personaje que por disruptivo jugó sus piezas como para ganar en el colegio electoral, aunque no se pueden pasar por alto la autoría intelectual en el asalto al Capitolio aquel enero de 2020, así como la sustracción de documentos oficiales clasificados; sumado a las recientes pretensiones por decretos ejecutivos de retirar la nacionalidad de hijos de migrantes nacidos en el territorio, coartar la libertad de expresión para las razas latinas, afroamericanas, entre otras tantas que no fueran de raza blanca, igual que a los periodistas y a sus medios críticos, caso las Agencias Associated Press y Reuters; al igual que la ambición de una apropiación territorial expansionista.  

En la ecuación de una eventual remoción también pesan la decisión unilateral de dar el paso al costado en organismos internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas y de su implicada Organización Mundial de la Salud, que lo ha hecho por segunda ocasión, sumando a la Organización Mundial de Comercio como una estrategia para desconocer los tratados comerciales que de suyo promovido por los gobiernos pasados; incluido hizo lo propio con el TMEC en asociación con sus vecinos de la región.

La guerra arancelaria con China en el caso de seguir escalando del lado de occidente podría desencadenarle en una crisis económica expansiva a mundial, habida cuenta que los de Asia poseen más bonos del tesoro estadounidenses, y ponerlos en el mercado con una cotización depreciada sería la respuesta, en una suerte de catapulta para el un eventual juicio político y remoción de Trump.

Sería histórica e inédita que a Donald Trump de Donald Trump se le despoje de la investidura presidencial, argumentada sobre la constitución, que incluso pretende mancillar con la advertencia de incidir para reformar la vigesimosegunda enmienda que le permitiría aspirar a un tercer período de gobierno. 

La salida de la Casa Blanca por parte de Richard Nixon, empujada por el escándalo del Watergate, se dio por una renuncia a la presidencia estadounidense, aquel junio de 1972, para evitar el juicio político.   

Sería impensable que se nombrara como jefe de estado al vicepresidente James David Vance o a cualquier otro integrante del gabinete presidencial, aún menos a un tóxico Elon Musk, por su afinidad en el ejercicio del gobierno; congresistas republícanos conciliarían con los demócratas a un posible sucesor; por qué no pensar en Mike Pence, quien fue un moderado y contrapeso como vicepresidente en la primera gestión de Trump.

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