Poder Político
Palabra empeñada
Los tiempos y circunstancias de la actualidad que asfixian a un México convulso requieren a las Autoridades tener una actitud receptiva para hallar las asertivas soluciones estructurales a las problemáticas diversas; con particular enfoque en la economía y la seguridad que representan desde hace dos sexenios las dos terceras partes o más entre las preocupaciones de los colectivos sociales, pulsadas cada que se muestrea encuestas de opinión pública.
Evadir los problemas, no reconocer las implicaciones multifactoriales en economía y en seguridad conllevan volver a enfrentarlos en el discurrir del tiempo subsecuente, aunque con niveles de complejidad mayores por una irresponsabilidad al no implementar una respuesta integral para estos y los otros asuntos públicos de natural impacto social.
Al margen de ideologías que sí tienen todo que ver en la gestión de una función pública, en 2018 posterior a las elecciones constitucionales y a la toma de posesión del gobierno de Yucatán, el empresariado reunido frente a frente le exigió a Mauricio Vila Dosal reforzar aún más la seguridad; mientras en el vecino Campeche, a la llegada en 2021 de Layda Sansores, este mismo rubro sustantivo se dejó de lado, a merced de la zozobra, aun teniendo a Renato Sales Heredia como secretario de gobierno con experiencia al nivel federal.
El mismo estado de Campeche, con Alejandro Moreno Cárdenas en el gobierno, y en el vecino Tabasco, con Arturo Núñez Jiménez como ejecutivo, cayeron en desgracia por una economía precaria posterior a que en enero 20 de 2016 la cotización del barril de petróleo tocó fondo al desplomarse a 20 dólares; situación derivada en el despido de trabajadores y el retiro de las empresas extranjeras junto con su propio personal. Una parálisis.
A solicitud de parte, meses después el entonces presidente Enrique Peña Nieto acompañado por gran parte de su gabinete, incluido el económico, anunció un plan integral de medidas incluso de incentivos fiscales para el polígono de entidades dependientes del petróleo para rescatarle del quebranto.
Sin embargo, poco o ningún resultado hubo de lo comprometido desde la municipalidad tabasqueña de Paraíso, en el puerto de Dos Bocas. Por lo contrario, el estatus quo de la cadena de valor y social empeoró. Ni lo pactado mediante el notariado público cumplió en el sureste, con trato de un patio trasero.
Al cabo del tiempo, en la actualidad el estado de Guanajuato cobró notoriedad por los índices delictivos asociados además al huachicol, el robo de hidrocarburos; pero Colima lidera el ranking más alto de asesinatos per cápita, y desde la captura de Ismael, el "mayo", Zambada, Sonora en meses no deja de ser un campo de batallas entre un cártel dividido por una traición interna.
Presionado o no por las amenazas para imponer aranceles por parte del reelecto presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, que el oficialismo asumiera una impostergable decisión de Estado para combatir una heredada inseguridad que ya tocó hasta Querétaro, catalogado entre los estados los pacíficos, debe ser una genuina prioridad para pacificar con una estrategia integral en todo el territorio, sin margen alguno a la complacencia.
El país tiene que recuperar la paz pública como la punta del iceberg que permita tener garantizadas las condiciones de libertad de tránsito entre los ciudadanos, habida cuenta que este entorno propiciaría las oportunidades de reposicionarse como un genuino polo turístico que se tiene único en el mosaico multicultural; arqueológico, playas, en reservas naturales, de aventuras y más, en el contexto una planificación a cargo de un equipo multidisciplinario entre autoridades, operadores y el empresariado.
El turismo nacional aparejado con los visitantes procedentes de otras latitudes serían un detonante para reactivar la economía en todos los ámbitos, porque claro está que el Tren Maya con los arreglos necesarios a su infraestructura será igual autosustentable.
Ahora que se presentó en sociedad el Consejo de Desarrollo Socioeconómico Regional y Relocalización deberán construirse un andamiaje legal que reincorpore la seguridad jurídica para inversionistas, sin dejar de lado que entrado el 2025 comenzarán las reuniones tripartitas para revisar y actualizar lo que amerite en el TMEC; una asignatura compleja por la rigidez que exigirán las contrapartes de Estados Unidos y Canadá.
Como cascadas, la integralidad de políticas públicas armonizadas son claves para encausar a México a un estadio de resurgimiento. El momento es ahora en el punto de inflexión del último vagón para insertar los satisfactores de una real justicia social sin sectarismo, sin discriminación.
Independiente del cambio radical en el Estado de Derecho. De facto, deberá ser sustantiva la libertad de expresión y a decidir de los mexicanos.
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