06/09/2022
A veces me pregunto, si vivo en un país de opereta
A veces me pregunto, si vivo en un país de opereta. Y lo digo porque como dicen los abogados, aceptando sin conceder, admito que haya quien no conozca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando es un deber conocerla, ya que la ignorancia de las leyes no exime a nadie de su cumplimiento.
Y digo esto porque si puede ser admisible que un ciudadano no conozca su Constitución, faltando a un deber, es imperdonable que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no la conozca o simule no conocerla, evidentemente por corrupción, cuando ganan cuatro veces más que el Presidente de la República.
El Artículo 135 de nuestra Constitución, que habla del constituyente permanente, establece con claridad meridiana que esta puede modificarse o adicionarse, mediante una aprobación de las dos terceras partes del Congreso General (Cámaras de Diputados y Senadores), y las legislaturas de los Estados, porque somos una Federación, y hecho esto la modificación o adición pasa a ser parte de la misma Constitución. Y nada puede estar por encima de nuestra Constitución.
Y en un hecho para la historia, los Ministros de la Suprema Corte admiten y dan entrada, habrase visto absurdo más grande, a una Acción de Inconstitucionalidad, en contra de la propia Constitución, acción que debió haber sido desechada por falta de sustento y sobre todo por inoperante, ya que la Corte evidentemente no tiene facultades para modificar la Constitución, facultades que corresponden al Legislativo conforme al procedimiento marcado por el Artículo 135 de referencia.
La Corte tiene la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, como la norma suprema a la que nada ni nadie puede oponerse, y cualquier acto o norma secundaria que se oponga a ella declararla inconstitucional.
Pero evidentemente no puede analizar como inconstitucional un ordenamiento de la propia Constitución. No tiene facultades para ello.
Opino que el motivo es evidente. Quieren continuar con la mina de la “puerta giratoria”, en que un delincuente entra por una puerta y sale por otra de un Poder Judicial costoso y corrupto, de Jueces y Ministros con salarios hasta de 500.000.00 mensuales que por moches liberan a los delincuentes.
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