Desde las intervenciones del siglo XIX, marcadas por la pérdida de territorio mexicano, hasta la alianza estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior integración económica a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la relación ha sido dinámica y, a menudo, contradictoria, a veces somos socios y amigos, a veces adversarios.

El TLCAN, reemplazado por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), consolidó una profunda interdependencia económica. Cerca del 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, representando un significativo 43.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Esta asimetría económica confiere a Estados Unidos una considerable influencia en las negociaciones bilaterales.

Sin embargo, el contexto global ha experimentado transformaciones significativas. El ascenso de China como potencia económica ha desafiado al papel de Estados Unidos como única superpotencia, impulsando un giro hacia políticas más proteccionistas en Estados Unidos. Esta nueva postura, alejada del paradigma de la globalización, ha generado fricciones en la relación con México, que pasó de ser su socio consagrado a un problema tanto al exterior como al interior de la unión americana.

La retórica y las políticas implementadas por el gobierno de Trump han impactado negativamente la percepción de México en Estados Unidos. Propuestas como la construcción de un muro fronterizo, amenazas de deportaciones masivas y la imposición de aranceles condicionados a una mayor cooperación mexicana en el control migratorio han tensado la relación. México, en respuesta, ha fortalecido sus instituciones de control migratorio, como el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Paradójicamente, durante este periodo de tensión, México se benefició del fenómeno de la relocalización de empresas (nearshoring), principalmente asiáticas, que buscaban acceder al mercado estadounidense a través del T-MEC.

Sin embargo, tras el gobierno de Biden que relajó las tensiones del gobierno de Trump, y con el regreso de este mismo, las tensiones regresan, ahora con un nuevo factor de tensión, el fentanilo.

El Fentanilo:

La crisis del fentanilo, un potente opioide sintético, ha emergido como un nuevo y crucial punto de discordia. Aunque el fentanilo tiene aplicaciones médicas legítimas, su producción y distribución ilegales, impulsadas por precursores químicos provenientes de China y la participación de laboratorios clandestinos en México, Estados Unidos y Canadá, han generado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos.

Esta crisis se ha politizado, convirtiéndose en un argumento central en las negociaciones bilaterales. Se culpa a México de la situación, y se proponen medidas como la imposición de aranceles y la controvertida designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que abriría la puerta a intervenciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

Mecanismos de Presión: Aranceles y Designación de Terrorismo

La amenaza de aranceles, como el impuesto del 25% a productos mexicanos anunciado en el pasado, se utiliza como una herramienta de presión, dada la alta dependencia económica de México. A pesar de negociaciones y pausas temporales, la incertidumbre persiste.

La posible designación de cárteles como grupos terroristas es rechazada categóricamente por México, que la considera una violación a su soberanía. Aunque México ha endurecido su legislación contra el tráfico de armas y drogas sintéticas, la presión estadounidense no cede.

La Corresponsabilidad en la Lucha Contra el Narcotráfico

El gobierno de México insiste en la necesidad de una responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico, argumenta que Estados Unidos no solo es el principal mercado de consumo de drogas, sino también una fuente importante de armas que alimentan la violencia en México. Datos oficiales (SEDENA y ATF) indican que entre el 70% y el 90% de las armas decomisadas en México tienen origen estadounidense. El caso de la operación "Rápido y Furioso" es un ejemplo paradigmático del flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. México ha iniciado acciones legales contra fabricantes de armas estadounidenses, argumentando su responsabilidad indirecta en la violencia.

Parecen haber avances en esta materia, ya que en días pasados, el presidente Trump durante la conferencia prestada en la Iniciativa de Inversiones a Futuro de Miami (celebrada por Arabia Saudita el 20 de febrero de este año), se refirió a una conversación que se tuvo con la presidenta Sheinbaum, donde elogió a la mandataria por su campaña pública contra las drogas, la cual dijo tomará como idea para la campaña de cien millones de dólares que planea hacer en su país; por lo que reconoce que tiene que atender el problema desde el interior de su país a la par de presionar a sus socios para el combate al tráfico de fentanilo.

La seguridad, en general, es un tema recurrente de fricción. La presencia militar estadounidense en la frontera, justificada como cooperación en la lucha contra el narcotráfico, genera suspicacias en México sobre posibles violaciones a la soberanía.

Un Futuro Incierto

México se encuentra en una posición delicada. Debe equilibrar la necesidad de mantener una relación constructiva con su principal socio comercial y vecino, con la defensa irrenunciable de su soberanía e intereses nacionales. Las presiones económicas, la crisis del fentanilo y la latente amenaza de una mayor intervención estadounidense representan desafíos complejos.

La diplomacia y la firmeza serán cruciales para navegar esta tormenta. El objetivo es lograr acuerdos mutuamente beneficiosos, sin comprometer la autonomía de México. El futuro de la relación bilateral, indudablemente, estará marcado por la tensión y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la cooperación y la defensa de los intereses nacionales. Se trata, en última instancia, de una relación dispareja que requiere de una gestión estratégica constante por parte de México.

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Hoy damos la bienvenida a un joven estudioso tabasqueño. Diego Alfonso Vázquez Pérez, nacido en Villahermosa, Tabasco, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con estudios en Geografía por esta misma casa de estudios, además de contaduría y finanzas públicas en el IPN. Sus análisis se centran en la complejidad de las relaciones entre estados y las dinámicas socioeconómicas de México.