Enmascarada farsa

¿En qué momento esta bicentenaria nación hizo de lado el ejercicio de la esencial política, si es que alguna vez la hubo y alcanzó el esplendor de su propósito? Porque en el discurrir inexorable de las épocas, tiempos y circunstancias respectivas, no corresponde el estatus de una justicia social soportada en los ancestrales vastos recursos naturales al nivel de una potencia autosuficiente. Lastimosamente hoy prevalece la precariedad.

La ecuación del tiempo evidencia en la transversalidad de estos 200 años una perniciosa ambición, rapiña de esos recursos naturales y también en la hacienda pública, carente además de principios y valores en la lucha por imponerse un frente sobre otro. Una constante desde la génesis aquel 1824, así como en el interregno con la consumación de independencia acontecida el 28 de septiembre de 1821, consignada en el acta firmada entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide que incluso posee el Congreso de la Unión. 

A la política que es mucho más que la catalogación como el arte de lo posible se le tiene prostituida, rehén de quienes se asumen como políticos cuando en la correlación de su pensar con las acciones en la función pública sólo se observan la confrontación, el chantaje, y la coerción, además de que se estigmatiza sobre una retórica polarizadora, cuando los dichos deberían ser de una conciliadora convocatoria a la unidad entre el colectivo social.

La constante lucha entre centralistas y federalistas; entre conservadores y liberales, hasta transitar al régimen de los partidos políticos de derecha e izquierda, encallaron en la desgracia a México.

Quienes cohabitan este territorio no tendrían por qué tener consignados los altos índices de una marcada asimetría en la justicia social entre zonas geográficas y al interior de las 32 entidades locales, cuando los planes de gestión presidenciales y en gubernatura se opta constantemente por discriminar al sur y sureste respecto del resto del pacto federado.

En la contemporaneidad de medio siglo el monopolio del acceso al poder ejecutivo y legislativo lo concentran una casta de «minoría rapaz» se distingue por los mismos rostros, nombres y apellidos que se disputan la gobernanza mexicana, aun cambiando de colores e ideologías; estos que tienen el control sobre una ficciosa clase gobernante carentes de criterios y el intelecto; incapaces de disentir, tener iniciativa propia y menos actuar en contrario con el consecuente castigo. 

Habría que reclamar cómo es que Petróleos Mexicanos, desde la mitad de la década de los 1970 con Jorge Díaz Serrano a Emilio Lozoya Austin, sin descargo alguno en responsabilidad de la actual gestión, los directores desaparecieron una riqueza que generó esta industria, olvidada de pagar una justificada deuda inicial contratada para detonar la era del boom, que halló su catapulta con el descubrimiento de los yacimientos del activo Cantarell en las aguas someras próximas a Ciudad del Carmen, Campeche, en 2004 alcanzó a producir hasta 3 millones 400 mil barriles diarios, que en 2008 cotizó por unidad en 135 dólares.

Aun con los inmensos presupuestos asignados a los estados vía participaciones federales mediante exorbitantes impuestos cargados por la renta de los hidrocarburos, la corrupción inmisericorde a todos los niveles fue un detonante desde las altas esferas gubernamentales para prohijar una deuda del Sector Público Federal cifrada en 16 billones 405 mil 182.7 millones de pesos, dato aportado en el comunicado fechado este 30 de julio de 2024 por la Secretaría de Hacienda.

Qué acaso ya se olvidó los 1 millones de pesos que Petróleos Mexicanos le transfirió en el año 2000 al sindicato, del cual Ricardo Aldana era tesorero y ahora despacha como secretario general espurio, luego de que con presiones y dádivas «dobló» al gremio para que votaran por él en una fraudulenta elección, antidemocrática.

Reconocido por la actual gestión el desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana que desapareció de la nada 20 mil millones de pesos consignados por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso de la Unión, no es el único caso.

Causa «sospechosismo» que a la fecha no sea llamado a comparecer ni se le finquen responsabilidad al exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle con antecedentes de haber formado parte del neoliberalismo priista y uno de los legisladores que en marzo de 1995 votaron para que el IVA pasara «temporalmente l» de 10 por ciento a 15 por ciento en medio de una agresiva crisis, cuando la «Roqueseñal».

eduhdez@yahoo.com