Pujar el progreso

El Sistema de Gobierno de México en 200 años, desde que se erigió el 4 de octubre de1824, ha sido presidencialista de una constitucional «República representativa, democrática, laica y federal»; que en su andamiaje exige respeto entre los Poderes de la Unión, «Ejecutivo, Legislativo y Judicial», además de los contrapesos a la función pública; en particular los organismos autónomos en los que el «Estado de Derecho» establece una asignatura específica.

Esta configuración de la gobernanza mexicana no tendría por qué incomodar a quienes antes de ser poseedores del mando, debido a que cuando fueron oposición fueron activos participantes en la lucha por constituir contrapesos democráticos al asumir roles que antaño fueron parte del oficialismo, que resultan un contrasentido ante un eventual retorno el retorno de absolutismo.

La narrativa de que los órganos autónomos concentran a una «burocracia dorada» que duplica funciones, costosa y además corrupta, es totalmente falsa; al tener funciones técnicas especializada. Aunque el gobierno central no está exento de los señalamientos que le imputan; reconocido por el oficialismo el desfalco por 20 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, una mácula; pero Ignacio Ovalle quien fuera el director no ha pisado la cárcel. 

Detrás hay un listado que involucra a nobles programas como «Jóvenes construyendo el futuro» y «Sembrando vida» entre otros tantos que deben ser reconfigurados para cumplir con su esencia de dar cauce al desarrollo socioeconómico nacional. 

Por lo contrario, cada uno de estos entes como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL; la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH; entre otre otros, afianzan un eficiente ejercicio de la gobernabilidad de un país que se precia de ser democrático.

En este contexto se inscribe el «Poder Judicial», del cual forman parte la Suprema Corte de justicia de la Nación como depositario del orden constitucional y de convencionalidad, la vigencia de todos los tratados internacionales de los que México forma parte, así como del Tribunal Electoral que es una extensión especializada en lo que le compete cono garante de que cada uno de los actos en la renovación de los Poderes Públicos, Ejecutivo y Legislativo, se armonicen con la constitucionalidad; entre los partidos políticos, candidaturas y el Árbitro Electoral. 

La función pública de organizar las elecciones que reside en el INE para renovar por voluntad popular de los mexicanos a las Autoridades de Gobierno, autónomo desde 1996, a partir de 2014 transitó al Instituto Nacional Electoral con atribución de reglamentar a los 32 Organismos Públicos Locales, trajo consigo la integración de las consejerías por convocatoria pública con rigor técnico, y no ser más un botín político del oficialismo en la repartición de cuotas y cuates. 

Sería una contrariedad de quienes hoy poseen el gobierno federado y 24 estatales cuando desde la oposición contribuyeron en la presión frente a un violento oficialismo para avanzar en un sistema democrático; porque la Secretaría de Gobernación dejase de ser juez y parte. Las elecciones de 1988 con la caída del sistema de cómputo de resultados representaron el detonante para lograr el desprendimiento a la función pública autónoma con la observancia de los Principios Democráticos de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad». 

Extinguir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT; y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, encallaría la marcha socioeconómica del país, habida cuenta que cortaría de tajo con el Tratado de Libre Comerio de Norteamérica que desde 1994 se tiene con los Estados Unidos de América y Canadá, transitado en 2020 al TMEC con las actualizaciones en temas sustantivos en los que esta nación fue la principal beneficiada. 

Una disolución de 30 años de relaciones comerciales entre los países de Norteamérica sería catastrófica en todos los órdenes; comercial, social y político, con la consideración de que en la balanza comercial de México el 80 por ciento se tiene con Estados Unidos; además de que con Canadá hay un programa de empleo temporales para que trabajadores particularmente agrícolas mexicanos migren a aquel país con los dividendos que le dan sustentabilidad a sus familias. 

La relocalización de empresas, el «nearshoring» que tiene como potencial principal beneficiario a México, con el asentamiento de manufactureras migradas de Asia, se cerraría las puertas. Los inversionistas no ven seguridad jurídica. 

Sin filias ni fobias, el Gobierno de México debería retirar a las reformas constitucionales para el propósito de replantearlas de evolución y no retroceso, en el contexto de que las leyes y las instituciones del gobierno en su conjunto son perfectibles. Requieren de una actualización que configure un estatus de vida democrática y plenas libertades.   

eduhdez@yahoo.com