Punto de equilibrio
Aunque la elección ciudadana de jueces y magistrados parece una opción democrática, en la práctica podría comprometer gravemente la imparcialidad
Sería un infortunio la elecón ciudadana de jueces, magistrados y ministros, principalmente del Poder Judicial Federal; no por el hecho de tener una lectura contraria sobre este ejercicio de democracia directa. El problema se centra en la complejidad para instaurar un ejercicio de participación social que en el discurrir de los siete meses entre noviembre y mayo del próximo año para que el 1 de junio, fecha de las votaciones, se tenga una jornada cívica que enfrentará un desconocimiento de los perfiles inscritos en las boletas.
Si entre los congresistas de la Cámara de Diputados y en el Senado del Congreso de la Unión no hallan el sentido de una reglamentación eficiente para configurar un disruptivo proceso de renovación en la designación de importadores de justicia por voluntad popular; aún menos comprensible será entre las colectividades.
En el contexto de que un importante porcentaje de legisladores federales y locales fueron votados con un desconocimiento generalizado por parte del electorado, en los mismos términos que la plataforma de compromisos, yéndose en estricto sentido por el partido político; sólo en el caso particular de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá una exponencial ignorancia sobre aquellos 60 perfiles por cada integrante a quienes se propongan entre la Presidencia de la República, los Congresistas y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, con el motivo de que este último en todos sus eslabones sea incorruptible para actuar con probidad.
Aunque nada garantiza que incluso la ciudadanía que de origen se pronunció en favor de una elección por voto directo de los integrantes del Poder Judicial, llegado el momento en realidad vaya a participar en una jornada abierta, con un porcentaje muy menor al que le apuestan desde el Ejecutivo y Legislativo.
Pretender que la inédita elección popular de impartidores de justicia resulte un éxito será un mero deseo, cuando no hay un conocimiento de las caras y rostros, sumado a una trayectoria que les sustente.
Por lo contrario, hay un gran abismo respecto de la consulta popular a la que se convocó para decidir si se enjuiciaba o no a expresidentes de México o cuando hubo la revocación de mandato del Ejecutivo Federal en funciones que no pasaron de una concurrencia del 7 por ciento y 15 por ciento, respectivamente.
«Esto desnaturaliza por completo, los Jueces Constitucionales son de un cargo técnico que tiene que ser designado a través de un proceso técnico y perfiles adecuados; y cuando se han hecho nombramientos que no son los más adecuados no es por la forma, es por quiénes intervienen. Hay que ver dónde está el problema.
«Porque el más popular, el más simpático, o el que logra generar más empatía con el ciudadano no es necesariamente el mejor Ministro o Juez. Muchas ocasiones los Jueces tenemos que ser impopulares.
«Mucho de lo que hacemos es contra mayoritario, porque es defender los derechos de las minorías incluso frente a las mayorías. Me parece que si fuera por elección popular se desnaturaliza la función del Juez Constitucional», reflexión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que data del 5 de agosto de 2018 en el programa «Diálogos por la Democracia» de TV UNAM, conducido por John Ackerman, que puede ser vista por YouTube.
Arturo Zaldívar desde su renuncia al cargo de ministro cambió de un esencial razonamiento sustentado en un servicio profesional de carrera judicial, un estudioso del Estado de Derecho dado también por haber sido profesor de esta materia en la UNAM, ahora transitó a ser un promotor en el sentido contrario a sus coherentes razonamientos expuestos ante la comunidad universitaria y las audiencias en general, por un canal universitario de señal abierta.
Si el motivo de cambar un modelo universal de justicia para abatir la corrupción en la que se infiltraron los poderes fácticos entonces habría que hacer el mismo proceso de filtrar por elección popular al Gabinete Legal y Ampliado de los Gobiernos, Federal, Locales y Municipales, incluidos los mandos medios, nada exentos de esta complicidad perniciosa.
Preocupan las decisiones que se asumieron en el Legislativo Federal, a una iniciativa de reforma constitucional por parte del Ejecutivo de México, que en el proceso fue validada por los congresos locales sin previamente haber realizado un análisis a detalle sobre lo aprobado. No se trata de estar en favor o en contra sino de ir con la razón de un riguroso control de constitucionalidad y convencionalidad que salvaguarde el estado de derecho.
Sin embargo, también le asiste el derecho a las instancias dentro del propio Poder Judicial para promover una controversia constitucional en defensa de su trayectoria ante la todavía vigente Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que el sentido de la sentencia debería ser acatada por los otros Poderes de la Unión sobre el entramado de la división de poderes.
eduhdez@yahoo.com
