¿Y de ahí?

Blindar las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque tiene el objetivo de impedir que las obras puedan suspenderse por algún motivo, ¿o mantener en la opacidad el ejercicio de recursos públicos? Al respecto, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió es que no hay problema con la transparencia porque ese papel lo está asumiendo la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Y salió a la luz un nuevo decreto en el que se etiquetan así esas obras, después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional un decreto similar anterior, bajo el argumento de que estas obras deben estar sujetas al escrutinio público.

El debate al respecto tiene diversas aristas, que lamentablemente no se han agotado en aras de aclarar y comprender lo que está en juego, sino que se estanca en posturas reduccionistas fijas en el maniqueísmo obtuso de estar a favor o en contra del presidente o su gobierno. Sin embargo, el fondo del asunto es importante e interesante para que los mismos ciudadanos razonen lógicamente cuáles son los alcances y el conflicto entre la soberanía, la seguridad nacional, la transparencia y el derecho de acceso a la información.

AMLO piensa que han creado diversas instituciones y organismos autónomos que duplican funciones que deberían asumir otras entidades para ahorrar gastos y ganar eficiencia. En el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ha propuesto que lo absorba la ASF, así como también ha propuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea parte del Poder Judicial. El presidente alega (con razón) que el INAI y otros, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, son instituciones donde abundan los gastos superfluos y los privilegios. 

Con una reforma constitucional bien hecha, sí es posible que la ASF cubra la parte que se refiere a la transparencia y fiscalización en el ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, en la transparencia como sistema vigente entra mucha más información, de hecho toda la del ámbito administrativo de los Poderes del Estado. Gestionar esa información implica unas labores y competencias que distan mucho de las del ámbito contable o financiero. Y ni qué decir cuando se refiere al de la protección de datos personales.

López Obrador ha defendido la medida de catalogar los principales proyectos de su administración como asuntos de seguridad nacional, pues a su juicio es necesario para protegerlos de intereses extranjeros que buscan entorpecer o boicotear los trabajos, lo que resulta contrario al interés público nacional. Es posible que, de modificar esta clasificación, particulares de diversos ámbitos puedan combatir las obras mediante amparos que podrían detenerlos durante años mientras se resuelven. Posibilidad a la que el presidente ha dejado claro que no va a permitir mientras pueda evitarlo.

Con todos estos antecedentes, resulta evidente que estos temas son complejos tanto por cuestiones normativas y técnicas como por la tensión de poderosos intereses tanto políticos como económicos. Bien miradas, ambas posiciones tienen sus razones de peso. Sin embargo, el arte de la política bien entendida implica la capacidad de generar los mejores acuerdos que beneficien a la mayoría, sin pasar por encima de los derechos de las minorías.

Vale la pena cuestionar si el sistema de transparencia que se ha construido en dos décadas, sus costos y resultados, no para destruirlo sino para mejorarlo. Así como también vale la pena ponderar si es necesario que la seguridad nacional sea sinónimo de opacidad. Qué es exactamente lo que se debe o no se debe permitir conocer a la ciudadanía y por qué.

En ese sentido, los legisladores (tanto como los ciudadanos) tienen pendiente la labor de entender qué está en juego en el debate para sopesarlo. Es posible superar la aparente contradicción insoluble a fin de conciliar el derecho a la información pública con la defensa de la soberanía, en el más nacionalista de los sentidos. Un punto medio en el que las obras no se puedan detener pero en el que los ciudadanos puedan conocer más detalles del ejercicio de los recursos que aportan con sus impuestos.