Presunción de inocencia, dignidad de las víctimas e impunidad

El incremento de la violencia en las últimas semanas en la entidad ha sido notorio e inquietante. En respuesta, las autoridades ofrecen como resultados decenas de detenidos y pide confiar en los resultados. Es el caso de que, efectivamente, son los ciudadanos quienes deben evaluarlos.

En tal estado de cosas, los medios de comunicación juegan un rol muy importante que implica tomar decisiones sobre qué se comunica y de qué manera. Lamentablemente, a nivel nacional el foco de interés lo han tenido las decenas de candidatos o aspirantes asesinados en el país, de modo tal que a veces pareciera que en Tabasco no pasa nada. Sin embargo, la escalada de violencia local es real, sensible y está lejos de ser un fenómeno aislado.

En todo caso, como la violencia ha venido aumentando, las personas que escriben, editan y publican información de lo que antes se llamaba nota roja y ahora es policiaca o seguridad deben tomar más seguido decisiones sobre qué acontecimientos se comunican y de qué manera se hace.

Mientras que la violencia aumentó de modo tal que prácticamente todos los días hay un muerto, o más, a menudo resulta que muchas veces los ciudadanos prefieren ignorar la situación, cerrar los ojos frente esta violencia. Mientras tanto, las autoridades muchas veces  no comunican con prontitud lo que sucede, al tiempo que piden no difundir información falsa, lo que crea -por indolencia o por incapacidad de responder con mayor eficiencia- un lapso en el cual empiezan a circular filtraciones ilegales y ultraviolentas, así como también rumores, entre la población.

A falta de información oficial clara y objetiva, la ciudadanía se alimenta de morbo, es puro morbo cuando una persona piensa que es necesario ver la imagen del cadáver porque le parece que los adjetivos "descuartizado", "asesinado", "decapitado", "ahogado" o "ahorcado" no son suficientes. Incluso circulan otros adjetivos que además de la violencia pueden contribuir a imponer sobre las víctimas un injusto estigma, porque adjetivos como "ejecutado" tiene una connotación tal que por sí mismo remite a una supuesta relación con la delincuencia organizada.

En esta situación, a menudo las personas comparten estas imágenes sin detenerse a pensar un segundo en la dignidad de las víctimas, o que compartir esas imágenes puede ser un delito, como los que se sancionan en las reformas popularmente conocidas como Ley Ingrid. En el vacío de información y la incapacidad de tomar otras decisiones, la ciudadanía contribuye irreflexivamente en la transmisión del mensaje gráfico ultraviolento y sus efectos. Y, paradójicamente, resulta que la llana reproducción de las brutales imágenes no resulta más efectiva para transmitir de manera más eficiente a la ciudadanía la amplitud, gravedad y complejidad de la violencia en Tabasco.

Las personas que sí reflexionan en la responsabilidad social de comunicar estos hechos se dan cuenta de que la presunción de inocencia es una obligación que deben cuidar los medios de comunicación y profesionales de la materia. Por eso se debe evitar exhibir los cuerpos cuando han sido descuartizados, por ejemplo.

Detenerse a pensar un momento en los familiares de un inocente que sea víctima de una situación así, que encima de la pérdida tengan que lidiar con el trauma de ver esas fotografías de su familiar, y que las fotos circulen de su familiar circulen, sólo puede remitir a un doloroso infierno.

Así como algunos tabasqueños luchan por no acostumbrarse a estos niveles de violencia, también debemos defender la presunción de inocencia como una garantía para todos, tanto como una impartición de justicia tal que no dé lugar a la impunidad. Por desgracia, parece que la mayoría de los ciudadanos hemos cedido un poco de nosotros mismos al hecho de que hay un muerto prácticamente a diario o a la tentación de cerrar los ojos e ignorar por completo esta información.

Ojalá que los resultados ofrecidos por el Gobierno de Tabasco en esa materia resulten en una disminución objetiva. A estas alturas cada tabasqueño tiene su evaluación, sin embargo, la responsabilidad de la administración estatal sigue hasta el 30 de septiembre, con desafíos a diario.