Rumbo al 2024, una creciente y explicable tensión entre representantes del Ejecutivo y la Corte

SE VIVE una inocultable tensión y confrontación entre el Poder Ejecutivo, representado por Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial, en especial con algunos miembros de la Suprema Corte, así como organismos como el Instituto Nacional Electoral y otros autónomos creados en las últimas tres décadas. El poder Legislativo no es ajeno a esta situación, explicable cuando se plantea un cambio de régimen, sólo que diputados y senadores todavía integran una asamblea diversa.

La coalición de Morena, como lo anunció  López Obrador, buscará una mayoría calificada, incuestionable, que acompañe a partir del 2024 los cambios legislativos pendientes. Pero también esto se aplica al necesario respaldo que requerirá el gobierno federal que surja de las urnas en la sucesión de la actual Presidencia. El liderazgo de AMLO será intransferible, y quien llegue al Palacio Nacional tendrá que construir su propia base para ejercer el poder; de esta manera, no sólo requiere del acompañamiento –de por sí difícil- de los diputados y senadores (con intereses muy diversos), sino de la propia dirigencia de Morena y de quienes no alcancen la aprobación en la encuesta anunciada para el mes próximo. 

TENSIÓN, PANTALLAS Y RESORTES

COMO TELÓN fondo hay sucesos que estiran aún más la liga de la separación de los poderes Ejecutivo y Judicial. Se vivió hace poco un episodio ejemplar que, aunque ya no está en los reflectores, seguramente dejó secuelas: el presidente del Senado, Alejandro Armenta (filiación morenista), recibió mensajes de whatsapps que juzgó amenazantes, por quien se identificó como la Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña. En el intercambio, aclarada la identidad, hubo emoticones (esas estampas que muchas veces sustituyen a la reflexión) que indicaban burla y superioridad por parte de Piña. El senador Armenta hizo públicos los mensajes y a nivel mediático se generó incredulidad sobre la autenticidad del diálogo. No podía creerse que la ministra de la Corte llegara a tal punto.  Hubo descalificaciones hacia Armenta, hasta que Piña en carta pública aceptó que escribió esos mensajes. Bien dicen que un celular es como un arma cargada: no debe estar en manos de quien se deje llevar por la pasión del momento.   

Tres datos sugieren un contexto político que influye en el Poder Judicial: 1) Piña fue nominada al cargo de Ministra por Enrique Peña Nieto; 2) desde marzo de 2023 está en la nómina de la Suprema Corte Norma García Terrero, funcionaria investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la firma de contratos irregulares (71.6 millones de dólares) en los tiempos de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública 2006/2012 (ojo, no se trata de juzgarla por haber estado en una administración determinada, sino por lo que se le compruebe como irregularidades en procesos abierto); 3) luego de la sentencia condenatoria a García Luna en EEUU (22/02/2023), en México por orden judicial se liberaron cuentas bancarias de su esposa, Linda Cristina Pereyra. La coincidencia de fechas es inquietante, por lo que toca a los resortes que se activan (¿de parte de quién?) en el Poder Judicial. 

Hay reflectores públicos hacia el Poder Judicial que con sus decisiones jurídicas se convierte en actor político. Más veremos.    

MANO Y REVIRE

SENTENCIAS contra decretos, podría titularse la vida de la república en las últimas semanas. El Poder Ejecutivo busca blindar obras estratégicas para evitar demoras y seguir su hoja de ruta, mientras el Poder Judicial –vía Suprema Corte de Justicia- dictamina la (in)constitucionalidad de tales medidas. Será un ping-pong constante de aquí al fin de sexenio, con el presidente López Obrador anunciando su intención de que el cargo de ministro se defina por elección popular.   

AMLO fue directo: “A la Suprema Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder. Pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”. El ministro Alberto Pérez Dayán se lanzó: “Nada nos va a doblar. Estamos fuertes”. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que rastrea dineros omisos de la Corte, terció: “Cuando los ministros son militantes de oposición, se debilitan”.     

La democracia y la vida republicana incluyen conflictos entre poderes. No sorprende que el cambio de régimen (vía AMLO/4T) despierte de su letargo a funcionarios que nadaban de a muertito. Con el lema “Mi sueldo es primero”, la república cobijó mucho tiempo a una burocracia dorada que ahora tiene que argumentar en la arena pública. Eso ya es mucho, frente a la nada de antes.

AL MARGEN

UN REPORTAJE de Contralínea (25/05/2023) recuerda cuando siendo presidente Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte (enero de 1995), fueron jubilados sus 236 ministros. ¿Otra historia? (vmsamano@hotmail.com)