Escala Crítica

*Ecuador: del crimen organizado a la clasificación de terrorismo

*Labor quirúrgica: inusual despliegue policíaco militar en Tabasco

*Urbanismo: contra la marginación y los generadores de violencia

SIN DUDA que entre las cuestiones más complejas y prioritarias que debe atender un gobierno –y el poder del Estado- es la seguridad pública (no sólo ciudadana, sino de la población en general). Un dramático ejemplo lo tenemos en Ecuador, donde las bandas criminales pasaron en aquel país los límites tradicionales (por llamarlos de alguna forma), y asesinaron a un candidato presidencial (Fernando Villavicencio); prácticamente decidieron tomar de rehén al nuevo presidente Daniel Novoa (Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín), quien asumió el poder apenas el 23 de noviembre pasado.

Como usted sabe, la respuesta de Novoa fue declarar como "organizaciones terroristas" a 22 grupos de la delincuencia organizada que operan en su país, casi todas vinculadas al narcotráfico, establecer el "Estado de excepción" y declarar la existencia de un "conflicto interno". De esta manera el Jefe del Comando Conjunto, General Jaime Vela, señaló que los integrantes de las bandas identificadas en el decreto presidencial se convirtieron en "objetivo militar".

Ya antes en su vecina Colombia se había vivido una crisis de gobernabilidad y seguridad por la mezcla explosiva de la violencia política, el narcotráfico y las actividades criminales, así como la acción armada de paramilitares, militares y fuerzas de intervención, entre muchos otros factores. Colombia sufrió el asesinato de miles de pobladores y de un candidato presidencial, Luis Carlos Galán (1989). En México se registró el caso de Luis Donaldo Colosio (1994), por sólo citar a los más recientes en América Latina.

Esta peligrosa mezcla y confusión entre la delincuencia y el poder público llevó a Guatemala, por ejemplo, establecer en 2006 y avalada en 2007, un poder judicial con jueces de origen extranjero –respaldada por organismos internacionales: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El acuerdo se concretó con la Organización de Naciones Unidas.  Sólo de esta manera logró procesar a presidentes y expresidentes, militares y ex militares, así como funcionarios de rango elevado protegidos por las redes de complicidad. Claro que al paso del tiempo esta comisión se volvió incómoda y fue disuelta en 2019...por un presidente que comenzó a ser investigado por  financiamiento ilícito de su campaña: Jimmy Morales. Guatemala sigue en crisis de constitucionalidad y aplicación de las leyes.

UNA DECISIÓN PRESIDENCIAL

A FINALES DE DICIEMBRE en Tabasco hizo crisis la seguridad pública, a tal grado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de más de 2 mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Tabasco. Arribaron el 5 de enero y a los que se sumaron contingentes de la Marina. Reportes periodísticos destacaron la presencia de un agrupamiento de 600 militares integrado por 100 miembros de las Fuerzas Especiales y 500 de la Fuerza de Tarea Regional. Las FES sólo operan en circunstancias extremas.

El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán, indicó que las instrucciones presidenciales fueron preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública de los habitantes de Tabasco. También se informó que el comandante de la Séptima Región Militar en Chiapas y Tabasco, José Joaquín Jiménez Cueto, se sumó a las tareas de los integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz y la seguridad. Se organizaron grupos de operación e inteligencia policiaca, de acuerdo a los protocolos de prevención de las actividades criminales y para evitar enfrentamientos de campo. La instrucción es no repetir el modelo fallido de Felipe Calderón.

Como usted sabe, el presidente López Obrador buscó desde el inicio de su gobierno diferenciarse de las políticas de seguridad de los gobiernos precedentes. Sobre todo de Felipe Calderón (PAN) y de Enrique Peña Nieto. Sus críticos han simplificado la estrategia utilizando una frase del propio mandatario: "abrazos, no balazos". Quienes defienden el modelo de AMLO subrayan su decisión de ir a las causas y no a los efectos. Sin duda que una política eficaz debe combinar las dos estrategias, porque ir a las causas y recuperar el espacio público (y de autoridad) es a mediano y largo plazo.

Sin embargo, no deja de llamar la atención la decisión presidencial del despliegue en Tabasco que ya cumplió poco más de dos semanas.

LO PÚBLICO EN DISPUTA

PERO ANTES, mucho antes de esta acción policiaco militar, se inició en Tabasco –y en varios puntos del país- lo que oficialmente se conoce como el rescate de espacios públicos. Una de las tareas le fue encomendada a Román Meyer, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien en 2019 indicó que se elaboraron proyectos estratégicos de mejoramiento urbano y dotación de infraestructura básica para zonas marginadas. Hay varios ejemplos de infraestructura. Sin embargo, tienen que estar acompañadas de acciones de integración social.

Recordemos que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se formalizó (24 de mayo de 2013) un Programa de Rescate de Espacios Públicos bajo la supervisión de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Fueron definidos polígonos de riesgo en el país...y fue entonces cuando se remodeló el malecón de Las Gaviotas y el Parque de la Bandera, conocido popularmente como el "parque de la mano".

AL MARGEN

La reconstrucción de la autoridad es determinante. (vmsamano@hotmail.com)