Militares en la seguridad pública: no es blanco y negro; costos de dejar crecer la criminalidad

LA REALIDAD es mucho más compleja de lo que aparenta. Recuerdo que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la formación de la Guardia Nacional apoyada en elementos militares, y también cuando amplió las tareas administrativas y de construcción de infraestructura al Ejército y la Marina, mientras algunas voces alertaban sobre la militarización –unas con razones otras por simple oposición aunque su vocación fuera castrense-, hubo quienes pensamos que  AMLO tenía en mente el modelo de Costa Rica, un país sin ejército.

Queremos un ejército de paz, argumentó López Obrador, y en este sentido va también la política de la presidenta Claudia Sheinbaum. La nueva mandataria ha ido más allá: decretó el ofrecimiento de disculpas del Estado Mexicano por la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Revisar y asumir el pasado, para no repetir los errores.  Todos los poderes requieren contención y autocontención.

Volveremos a ese tema con sus diversas aristas.  Hoy mencionaré brevemente una información que seguramente pondrá a Tabasco en el debate nacional sobre la participación de los militares en labores antes reservadas (formalmente) a los civiles.

Once de 17 municipios tabasqueños tendrán como jefes de seguridad pública a policías de formación militar. Ayer se anunció en principio las designaciones en Huimanguillo, Comalcalco, Teapa, Centla, Cárdenas, Nacajuca, Macuspana y Balancán. Se entiende que, hay un acuerdo entre las autoridades municipales con bandera de Morena y el gobernador Javier May, del mismo partido. No pueden jalar cada cual por su lado.

CRIMEN Y EL PODER SIN LÍMITES

COMO usted sabe, en sexenios anteriores Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), como presidentes de la República, plantearon la desaparición de las policías municipales y la creación de un mando único. Las circunstancias en las que operan estos servidores públicos en los casi 2 mil 500 ayuntamiento es tan diversa que resulta poco menos que imposible homologar a las corporaciones. Bueno, hay municipios en que ni siquiera existen los policías como tales. Además, el caso de Genaro García Luna mostró el riesgo de ese mando único personalísimo (que no es lo mismo que colegiado).

Le decía líneas arriba que el tema es tan complejo, que mientras tenemos fuerzas de seguridad y del orden público diversas y dispersas, las bandas criminales operan cada vez más como entes organizados...y con la ventaja de que disponen de recursos ilimitados por su origen criminal, pero al mismo tiempo penetran mediante la corrupción en las instituciones y establecen redes no sólo transestatales sino transnacionales.

Prevenir y combatir a la delincuencia requiere actuar en muy diversos frentes. En ese sentido es como debemos ver, también, el combate al derroche del dinero público (austeridad), la corrupción (por ineficiencia y ambición), y la perversión del sistema de justicia; esto último explicaría el drástico tratamiento al poder judicial. 

RESISTENCIA E INTERESES

INDICIOS de resistencia con intereses encubiertos se percibieron desde el principio de la 4T: récord de amparos interpuestos contra proyectos y acciones del Poder Ejecutivo, 5 mil 165 (PROCESO, 22/06/2019). Una cosa es la división de poderes y otra cerrar la puerta operativa a la Presidencia. En los días que corren, con titulares como "crisis constitucional", "suspensiones y desacato", "habrá resistencia y rebelión de trabajadores del poder judicial" (Patricia Aguayo, vocera), es útil encuadrar cómo empezó todo y por qué.

El diagnóstico de AMLO y su equipo fue preciso: se desmontó con realismo político la pretendida neutralidad del Poder Judicial. La estrategia: para alcanzar cambios reales, de fondo, se necesitaba reestructurar el Poder Judicial sí o sí; el cambio de régimen anunciado, no sería tal sin alcance jurídico. De ahí que, a partir de 2022, luego de las elecciones federales intermedias, cobrara forma el Plan C: reforma judicial con elección de ministros y jueces por voto ciudadano. La legitimidad judicial –con todo y cargos- ahora pasará por las urnas. El presidente de la mesa directiva del senado, Gerardo Fernández Noroña, insistió en diversos foros, con olfato republicano para el debate jurídico: "No es reforma judicial: es Constitución reformada".   

Elemento crucial en la construcción del Estado-Nación es la aplicación de las leyes y su sentido comunitario. El reconocimiento de un marco jurídico común configura un pacto social que protege a los individuos de "la ley de la selva". Si me permite, retomo el tema en la siguiente entrega.

(vmsamano@hotmail.com)