Inicio de sexenio y medición de fuerzas; cuando el Estado debe ejercer autoridad

*Las bandas replican un viejo esquema: presionar para avanzar

*Un esfuerzo clave para combatir la complicidad e impunidad

*No hay espacios vacíos en el poder, los ocupa hasta el aire

 

ERA previsible una respuesta como la que se vivió el jueves por parte de las bandas que operan en Tabasco. Lo hicieron con anterioridad a finales del 2023 y principios del 2024.  Existen presiones para evitar que se ejerza efectivamente la autoridad institucional. Como dijo el gobernador Javier May: no es por falta de autoridad sino precisamente porque comienza a hacerse presente. No será fácil destejer la madeja de los intereses enquistados en la cadena: corrupción, impunidad, delincuencia. No es posible que el delito se extienda sin una protección institucional.

Esto lo ha señalado la propia Claudia Sheinbaum, ahora Presidenta, durante su campaña. Instruyó que toda la capacidad del Estado asuma su función de garantizar la seguridad pública, con inteligencia y método. Importante en esta etapa en la que se comienzan a establecer las bases del nuevo gobierno.

Dijo May Rodríguez en relación a los sucesos violentos del jueves:

"Lo ocurrido ayer son muestras de resistencia a la autoridad, pero la autoridad prevalece y continuará con más énfasis. Tabasco cuenta con su Policía Estatal y con el respaldo de las fuerzas federales". Seguramente esta coordinación se fortalecerá.

Puntualizó: "Nuestro gobierno no está vinculado a la delincuencia", ni a ninguna banda delictiva. "Por el contrario, son muestra de que no hay colusión de ningún tipo". La versión en contrario "busca generar desconfianza de la población hacia sus autoridades".

Tiene el gobierno de Javier May un plan para extender la presencia de la autoridad, en todas las expresiones posibles, no sólo policiacas. Clave será la operación de los Centros Integradores y programas como Sembrando Vida, que tan sólo éste cubrirá 60 mil activos que se sumarán a los 55 mil del programa federal. Tiene base social -80% de los votantes-, debe convertirla en un valor de labor territorial.

VETOS O DEMOCRACIA

Asegurar la prevención y el combate a la delincuencia obliga a una acción coordinada de los diversos órdenes de gobierno, como señalamos arriba. También requiere cambios de fondo en viejas prácticas institucionales (que o institucionalizaron la revolución si no la corrupción). No hay acuerdo de un sector, es cierto, con las propuestas de la denominada Cuarta Transformación; también hemos visto que la propia Presidenta tiene puntos de referencia distintos de algunos de los legisladores. Ya les corrigió, por lo pronto, el intento de derecho de vetar a los aspirantes a participar en la votación de jueces y magistrados y reiteró que la vocación de su gobierno es democrática, como lo mencionó en su toma de protesta.

Dijo la presidenta: "Se quitó, se quitó (el derecho de veto). Nosotros no estuvimos de acuerdo. Había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no, no debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución". Quien dio la cara por la intención de veto desechada fue el senador Manuel Huerta...aunque obviamente no actuó por iniciativa personal, sino como portavoz de una de las corrientes en Morena.

En una anterior colaboración anterior me referí al candente debate de reforma judicial. Hay varios enfoques a ese embrollo.

El analista Carlos Ramírez cita un editorial del diario Reforma (5/10/2024) para dimensionar lo absurdo que sería declarar inconstitucional la reforma judicial aprobada, eje del plan C 4T que ganó en las urnas: "La argumentación de ese espacio editorial dice que es muy complicado el asunto, que inclusive será inaplicable si se decreta la inconstitucionalidad y explica lo que los asesores políticos de la ministra presidenta le han ocultado: dos cámaras con mayoría calificada legal, la mayoría de Morena, la mayoría calificada de congresos estatales, el INE que ya está operando la aplicación de la elección de los jueces, la Fiscalía de la República y todo el Poder Ejecutivo están detrás de la reforma". Frente a ese panorama institucional, la conclusión de Ramírez: "será prácticamente imposible que la Corte declare en desacato a toda esta estructura, a menos de que lo haga y destituya a los titulares de estas instituciones de gobierno". Los ministros buscan salidas jurídicas al jaque de la reforma.

REFORMA NO IMPUGNABLE

Por el peso de otros poderes, sin salida jurídica fundamentada para ministros, es jaque mate. Véase el cálculo de representación soberana que hace Ramírez: "la actual Suprema Corte tiene sólo ocho ministros vinculados al viejo régimen del derecho constitucional conservador priista-panista, en tanto que Morena tiene una presidenta de la República con el 60% de los votos, la mayoría calificada en las dos cámaras, el 72% de los gobiernos estatales, la abrumadora y más que cómoda mayoría calificada en los congresos locales y aun así estaría condenada a someterse el desatino de ocho guardianes de la ideología constitucional del PRI-PAN". Además, el poder reformador constituyente lo tiene el Poder Legislativo, justo lo que quiere invadir el Poder Judicial. 

Diego Valdés, jurista del salinismo que "en su momento" combatió la mayoría calificada de MORENA, lanzó de manera sorpresiva una moción de rigor jurídico: "La salud institucional del país exige sensatez por parte de todos. Es contraproducente desorientar a la sociedad mexicana". Con su frase de remate, que utilizó la presidenta Sheinbaum (La mañanera del pueblo, 7/10/2024), apuntó lo que no quiere reconocer el Poder Judicial: "El contenido de una reforma constitucional NO es impugnable". Hay límites republicanos: por división de poderes, al Poder Legislativo le toca reformar la Constitución. La última trinchera opositora, el Poder Judicial, busca la cuadratura del círculo.   

(vmsamano@hotmail.com)