Factor corrupción, paso a pasito: entre elefantes veloces y las ambiciones que no se despiden

COMBATIR LA CORRUPCIÓN no es flor de un sexenio. Los diversos controles institucionales, públicos y mediáticos, fracasan como muro de contención por la opacidad y la complejidad del gobierno mexicano, con burocracias que tienen hábitos arraigados. En las oficinas se reproducen mañas de antaño, aunque las instrucciones sean otras. Pese a la perseverancia comunicativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los esfuerzos de varios operadores honestos, la corrupción sigue siendo el malestar nacional por excelencia.   

Se conoce poco el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que conjuga esfuerzos gubernamentales de los tres niveles. México enfrenta ahí su problema de mayor calado: unir la trama estructural (técnica) a la trama social (costumbres). Duro reto, para quien quiera atenuar este problema añejo en el corto plazo. México padece corrupción en muchas ventanillas. Se pensó en la Unidad de Inteligencia financiera (UIF), atascada en la maraña de la política.

¿Cómo establecer en México un sistema nacional anticorrupción eficiente? He aquí el tema de esta escala: no encontrar respuesta única, sino las causas que nos han llevado hasta donde estamos. Incluso con los esfuerzos de AMLO y la 4T, la corrupción se cuela por las alturas y las rendijas burocráticas.

PAPELITO HABLA

RECORDEMOS DE DÓNDE VENIMOS: Lázaro Cárdenas (1934-1940) le da forma a una oficina de comprobación de gastos. Así comienza la rendición de cuentas en México. La clase revolucionaria llevaba 17 años en el poder, sin resolver ese “pequeño” detalle. Con Miguel Alemán Valdés (1946-1952) se estandariza la asignación de contratos y facturas. A niveles estatales, ni sus luces. En rango municipal, menos. En el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976) se trazaron -desde la Secretaría del Trabajo, con Porfirio Muñoz Ledo- los protocolos para homogeneizar la comprobación de los gastos gubernamentales en los tres niveles. ¿Cómo rendían cuentas entonces? Políticamente. El gobernante -del partido hegemónico- no estaba para rendir cuentas, a pesar de que constitucionalmente los artículos 6°, 7° y 8° reconocían el derecho ciudadano de exigir una respuesta ante asuntos de carácter público.

Evidencia: mientras el PRI tuvo el poder político en el siglo XX, no se establecieron mecanismos democráticos para visibilizar la gestión pública. Fueron 4 décadas que se desarrollaron sin rendición de cuentas. La Contraloría de la Federación surge en 1982 con Miguel de la Madrid, cuando el PRI necesita “la renovación moral” y credibilidad, ante el tobogán económico generado en el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Apertura orillada por circunstancias. El poder no concede nada porque sí. Recordemos este punto, ahora que aparece en la arena pública una mayoría calificada (Plan C) con el respaldo de las urnas. Este poder se legitimó democráticamente, pero eso no garantiza actuación democrática. Reto ético del nuevo gobierno es mantener actitudes democráticas, más allá del discurso.     

CÓMO SURGIÓ

DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, se tejió el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que comanda la Secretaría de la Función Pública. En mayo de 2015 se presentó la publicación de la ley para su creación en el Diario Oficial de la Federación, y en julio de 2016 se aprobaron leyes secundarias que daban luz verde operativa al SNA. Cada Estado de la república presentó sus propuestas para un sistema local anticorrupción. Un riesgo es que así cada Estado se regula con parámetros diferentes. Si se trata de colaboración para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal, municipal), entonces una homologación de formas tiene que trabajarse. De otro modo, la disparidad de normas obstaculiza la colaboración tripartita.

La Secretaría de la Función Pública tuvo un lastre de credibilidad en su origen (2016) por un fiscal anticorrupción (Virgilio Andrade) con nombramiento presidencial directo para un caso específico: el conflicto de interés en el caso de la llamada Casa Blanca, que involucró al presidente Peña Nieto. Así, el investigador fue nombrado por el investigado. Ése fue el hundimiento de la credibilidad de en aquel sexenio. En los niveles estatales, por ejemplo, este tipo de procedimientos desalienta a la ciudadanía. El tema corrupción es cuestión de forma, también, por la legitimidad (o no) del nombramiento de los funcionarios investigadores.        

ARRIBA, ABAJO Y A LOS LADOS

HAY CONSENSO en que “la corrupción se barre como las escaleras, de arriba para abajo”. Este aspecto piramidal refleja el problema central: las élites no quieren supervisión, a menos que los supervisores lo sean a modo.

La independencia en el SNA se trata de reflejar con un comité de 5 ciudadanos presuntamente distinguidos, pero en México se conocen las historias del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) que iniciaron bien y se desarrollaron mal. La ciudadanización es condición necesaria, no suficiente, para la eficacia del SNA. La trama estructural y cultural espera otro tipo de intervenciones en un México que democráticamente decidió un partido dominante. No aparecen todavía mecanismos operativos claros para frenar la corrupción desde arriba y como ambiente burocrático.

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