En educación superior, decisiones por tomar

A la llegada del paisano Presidente Andrés López Obrador como titular del Ejecutivo, se puso en marcha un primer paquete de reformas, entre ellas, la que echaba atrás la llamada reforma educativa impulsada en el sexenio peñista -de la que su principal defensor/promotor era precisamente quien presidió la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, abogado y politólogo, hoy diputado plurinominal por el PRI-;  con la promesa -por cierto- cumplida, de revertir todas sus consecuencias, particularmente los despidos de un grupo importante de maestros en distintos Estados del país; esto permitió "colocar" en el colectivo la necesidad de una nueva política pública en la materia, dando como resultado lo que hoy conocemos como el nuevo marco curricular de la "Nueva Escuela Mexicana", con lo que se pretende literalmente "detonar un cambio estructural", como se cita de igual forma en el Proyecto preliminar denominado "100 pasos para la Transformación 2024 - 2030". En este apartado se plantea que los tres ejes sobre los que versará este Derecho a la Educación consagrado en nuestra Constitución Política, serán: educación, ciencia y cultura.

Cito textual: "La educación básica es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, que permite el desarrollo completo e integral de las niñas y niños. Es un bien público que habilita el acceso, ejercicio y defensa de todos los derechos inherentes a la persona, y es el centro de la transformación que requerimos para lograr el bienestar social y el desarrollo de la nación. El enfoque humanista, la Nueva Escuela Mexicana, la formación para el trabajo y el desarrollo del Marco Curricular Común son fundamentos para continuar el avance hacia una buena educación con justicia."

"Es necesario garantizar no solo el acceso universal de las niñas y niños a las instituciones de educación, sino que quienes ingresen cuenten con las condiciones sociales y económicas para que permanezcan y culminen exitosamente sus estudios. Sabemos que el rezago y el abandono escolar son resultado de múltiples factores y causas, pero una de las de mayor preponderancia es la condición económica de las familias que limita la calidad y función social del sistema educativo."

Nunca podríamos estar en desacuerdo con esta afirmación, es una realidad indiscutible que el país necesita con urgencia encaminarse en una senda donde el acceso a una educación de calidad en todos los niveles sea una prioridad real y no solo parte del discurso como antaño, pero lograr eso pasa necesariamente por decidir adecuadamente los perfiles de quienes ocuparán posiciones claves para lograrlo, es indispensable que en esta introspección que deberán hacer la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y, para el caso de Tabasco, el gobernador electo Javier May Rodríguez, prive como principio rector de la decisión el propósito trazado, alejado voluntariamente de compromisos partidarios o de cualquier tipo, atendiendo solo a criterios que encuadren con la necesidad de encaminarse y alcanzar el propósito de un sistema educativo funcional y de calidad que garantice que los educandos logren su egreso con elementos formativos que les permitan incrustarse con éxito en el mercado laboral y aportar al crecimiento de Tabasco y del país.

Para detonar el cambio estructural en este segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país y de Tabasco en particular, será necesario -entre otras cosas- que en la hoja de ruta a la implementación se incluya una correcta y sobre todo honesta aplicación del recurso público asignado a cada una de las instituciones públicas de nivel superior, así como a los subsistemas que incluyen la educación media superior; el aterrizaje del nuevo marco curricular común EMS necesitará de voluntad, conocimiento, capacidad de gestión y una voluntad decidida para su implantación de manera transparente y eficiente.

En el rubro de la educación superior hubo un avance importante con la aprobación de la Ley General de Educación Superior en el año 2021, ello, junto a la creación de la Comisión Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES) y la reactivación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), han propiciado una reorganización del sistema nacional de educación superior, dicho sea de paso, bien vendría en Tabasco una revisión seria y a detalle sobre la "facilidad" y "docilidad" con la que la autoridad educativa de otros momentos "repartió" con singular "soltura" una cantidad incontable de registros de validez oficial de estudios (RVOES) a cuanta "institución" de educación superior se "paró frente a la ventanilla" a solicitarlos, propiciando una inundación de IES estatales que no pasarían los filtros si se hiciere una supervisión exhaustiva de los mismos.

Añadido a ello, habría que recordar y mantener fresco en la memoria -especialmente para la toma de decisiones futuras- que un lunes 23 de abril de 2018 el diario El País, publicó en la página 6 de su sección Internacional, un reportaje en el que daba cuenta de un trabajo periodístico de investigación denominado La estafa maestra, ganadora del Premio Ortega y Gasset, una investigación que debió sacudir a México y no pasó nada; un fraude por unos 420 millones de dólares (7760 millones de pesos de aquel momento) que involucró al menos a 11 dependencias del gobierno mexicano, 8 universidades públicas y poco más de 50 funcionarios públicos, ninguno de ellos con responsabilidad penal probada que los haya llevado siquiera a enfrentar un proceso.

De esas 8 universidades públicas 5 son nuestras: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Universidad Popular de la Chontalpa; Universidad Politécnica del Golfo de México; Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco; y, la Universidad Tecnológica de Tabasco. Definitivamente una gran decisión por tomar. (Abogado, investigador y docente universitario)