Poder Político

El Congreso de la Unión, Senado y Diputaciones Federales, así como las Cámaras Locales, se deben a los mexicanos que en voluntad popular le confían la representación de sus demandas de justicia social; deben con criterio ponderado de ser cogobierno decir no al Ejecutivo cuando por su lado envían Iniciativas de Reforma Constitucional y/o a las Leyes que contravienen el andamiaje de una República Federal, Laica, Popular, y Democrática.

Aun cuando los Congresistas en mayoría sean afines a un mismo Régimen e Ideología deben ante todo honrar el mandato ciudadano, a quienes se deben ambos Poderes de la Unión; asumir con responsabilidad republicana que México y sus Entidades Locales exigen encausar el ejercicio de la genuina política para conciliar el avance en los tiempos y circunstancias de la actualidad y la recurrencia de sus cambios.

El Congreso así como el Ejecutivo no pueden tener dominio del uno sobre el otro en una División de Poderes de la Unión, el Estado Mexicano Federado de 31 Entidades y la Ciudad de México, que incluye además al Judicial como el depositario del Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad, contrapeso de los otros dos en la preservación democrática; competente para resolver Controversias Constitucionales entre Autoridades Públicas así como Acciones de Inconstitucionalidad promovida por Legisladores.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos precisa con puntualidad la autónoma División de Poderes que en su correlación de una común responsabilidad por trabajar en pro del bien común del país no tiene por qué transgredirse como ha sucedido ancestralmente a la actualidad. Su naturaleza reside en que, entre el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial, se evite todo acto de autoritarismo que transgreda la coexistencia, sin olvidar que el mandato procede de una voluntad ciudadana, de los colectivos sociales.

Sin filias ni fobias, al Ejecutivo y al Legislativo, en este caso el Senado, le competen respectivamente proponer en terna y designar con rigor técnico de evaluación de capacidades y competencias a quienes tienen el perfil para asumir a una Suprema Corte de Justicia de la Nación; una elección en democracia indirecta por parte de quienes representan el interés popular de los mexicanos, que en la evidencia de la sinrazón discriminan, se deslegitiman.

La falta a la probidad democrática no es del Poder Judicial sino de los otros 2 Poderes que se empecinan en ir a contracorriente de las advertencias de los versados en el tema durante el Parlamento Abierto, que ahora quieren interrumpir ante el alud de cuestionamientos en el mismo sentido de que someter a una elección de Ministros, Magistrados y Jueces va contra natura de un modelo incluso geopolítico, excepto Bolivia con desafortunadas experiencias de designaciones sociales.

Sólo hay que ponderar entre una experimentada ministra Loretta Ortiz, con trayectoria en el propio Poder Judicial y además académica, frente a una Lenia Batres Guadarrama, de su lado sin ningún bagaje que con notoriedad lo muestra pifia tras pifia de desconocimiento; ambas fueron designadas en esta aún vigente gestión Ejecutiva y del Senado.

Sin filias ni fobias, se reitera, en palabras del exministro Arturo Zaldívar Lelo Larrea «Mucho de lo que hacemos es contra mayoritario, porque es defender los derechos de las minorías incluso frente a las mayorías. Me parece que si fuera por elección popular se desnaturaliza la función del Juez Constitucional».

En la misma lógica se hayan los Organismos Autónomos que igual son contrapesos democráticos a los Poderes de la Unión y no una «burocracia dorada», porque su función pública es de carácter técnico especializado; el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales obliga a transparentar a los Poderes de la Unión, Locales y Municipales, sobre los programas y ejercicios financieros; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regula entre otros el ecosistema de medios concesionados, así como a los servicios de telefonía móvil, evitando monopolios; La Comisión Federal de Competencia Económica también reglamenta que no haya una concentración del mercado.

La función pública de organizar la renovación periódica de las Autoridades de Gobierno que tiene por asignatura el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales tienen su razón, dejaron de ser un botín político de cuotas y cuates serviles para transitar a una integración por capacidades y competencia, mediante convocatoria pública.

Una concentración de poder inusitada dada en elecciones federal y locales preocupa al interior y al exterior de México; los empresarios no están exentos, porque con legalidad arraigan sus inversiones, que además contribuyen a la prosperidad del país.

Nada hay contra la gobernanza, sólo que se exige asumir una actitud democrática ser receptiva a la libertad individual y de criterio.

eduhdez@yahoo.com