Escala Crítica

* República y relación entre poderes: de la simulación a la tensión

* En la Corte: a salvo cuentas de García Luna y libre Rosario Robles       

* Laredo en rojo: 5 muertos, versiones tardías y letalidad militar.                               

La república en teoría funciona a través del equilibrio de poderes. Ese ideal republicano enfrenta la prueba del ácido de la realidad política. Por décadas, el funcionamiento republicano en México se impregnó de simulación.

Primero fue el partido hegemónico, con fila institucional de componendas; después vino la dupla PRI-PAN de cuño neoliberal, con macroeconomía privatizadora. Como bisagra del entramado, las élites económicas participaban de privilegios que firmaba el poder político. Así, el equilibrio de poderes fue en la práctica subordinación al Poder Ejecutivo, que repartía de forma selectiva el pastel. Se tejían redes de poder más allá del constitucional que tenían su centro en el Presidente. Decir república, en ese contexto, era mucho decir. 

En el sexenio en curso, más allá de la narrativa de uno y otro signo, la relación entre poderes resulta tensa. La realidad política presenta choques entre poderes que varios analistas ubican como ‘alto riesgo’ y otros perciben como ‘cambio positivo’. La realidad institucional se movió: hay confrontación entre poderes. Ese choque triple será más fuerte al acercarse la elección presidencial de 2024.            

DECISIONES CON TOGA Y ¿LOGOTIPO?

Mientras en Estados Unidos se decomisaron 19 mansiones y propiedades de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el sexenio 2006-2012 y culpable de 5 cargos que incluyen conspiración por narcotráfico, en México por orden de un juez se descongelaron cuentas bancarias a su esposa, Linda Cristina Pereyra. El argumento que manejó el juez mexicano -días después del veredicto contra García Luna en la Corte de Nueva York- es que “no hubo en tiempo y forma una solicitud de gobierno extranjero o institución extranjera para congelar cuentas que tienen circulación internacional”. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Pablo Gómez, calificó de “vergonzosa” la decisión. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó apelación y lo mismo hizo en referencia a otro fallo judicial que otorgó libertad a Rosario Robles Berlanga, por un caso emblemático de corrupción que ahora se desvanece por “fallas de procedimiento”. Así queda sin culpables la llamada Estafa Maestra, perpetrada entre funcionarios de la Secretaría de Desarrollo (con Robles a la cabeza), 128 empresas fantasma y 11 universidades, con desvíos por 3 mil 500 millones de pesos que comprobó la Auditoría Superior de la Federación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el lema “mi pecho no es bodega”, se refirió (marzo 1) a los andares de la Suprema Corte de Justicia y decisiones recientes de los jueces. “Antes había un poco más de atención y vigilancia [con Arturo Zaldívar]. Ahora que llegó la nueva presidenta [Norma Lucía Piña], con formalismo extremo se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”. Un rápido comunicado de la Barra Mexicana de Abogados (marzo 2) pidió al Presidente “respetar a los jueces en sus expresiones públicas”. Con o sin intermediarios, habrá más roces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras el criterio sobre lo que es justo, legal y ético -en casos delicados- esté sometido a tecnicismos o razones políticas. Vistos los elementos en juego, con amparos judiciales en cascada contra el llamado Plan B de la reforma electoral, la tensión entre poderes irá a más.

Y ojo, si de democracia se trata: una cuestión es acatar el fallo y otra cuestión es callar sobre éste. La Barra Mexicana de Abogados planteó que si se habla fuerte contra los jueces “se quebranta el principio de independencia judicial”. Eso, con todo respeto, no es democrático. AMLO acata los fallos y con su equipo apela cuando el recurso legal está a la mano. No hay invasión de campos jurídicos. Eso sí: AMLO opina fuerte. Lo hizo, por ejemplo, en el caso del juez que descongeló cuentas bancarias a la esposa de García Luna: “si el criterio es que no hubo solicitud desde el extranjero, no estoy de acuerdo. ¿En dónde queda nuestra soberanía?” El argumento jurídico del Presidente es significativo.                        

MORIR EN LAREDO

Mientras la tensión entre poderes apunta a una normalidad democrática, preferible a la simulación republicana de antaño, lo que resulta escalofriante es lo sucedido en Nuevo Laredo, Tamaulipas (26/02/2023): la persecución de madrugada de un convoy militar a una camioneta con 7 jóvenes que terminó en tragedia: 5 muertos y un herido. Las versiones que circulan, incluyendo la versión tardía de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirman el despropósito de 70 disparos porque “se escuchó un estruendo, la camioneta no llevaba luces ni se detuvo”, a jóvenes que no estaban armados. Este episodio, que requiere una investigación a fondo, nubla el rol de militares en funciones policiales, precisamente lo que tuvo que decidir AMLO con la Guardia Nacional. La Fiscalía General de la República atrajo el caso, que tiene resonancia mediática justificada. Ni miedo ni peligros, en el norte convulso, justifican la letalidad militar ante civiles desarmados. (vmsamano@hotmail.com.)