Mucho se ha discutido sobre la diferencia e importancia de la inseguridad y la percepción de inseguridad. Ambas están relacionadas, pero no siempre se corresponden. Ocurre en otros lugares del país con niveles de violencia mucho más alarmantes que en Tabasco que la gente ya no tiene tan alta la percepción de inseguridad, quizá los psicólogos sociales expliquen que la gente ahí se acostumbró, normalizó la situación en la que vive después de varios años de vivir así, se les ha adormecido la capacidad de alarma, están cansados de vivir en constante alerta, en fin.

Ocurre que la percepción de inseguridad aumenta mucho ahí donde la violencia irrumpe, donde es un fenómeno relativamente nuevo, o donde se acentúa de manera importante luego de un tiempo en que niveles más bajos estaban siendo tolerados. Podemos poner a Tabasco en uno de estos escenarios, porque es indudable que la violencia que vivimos no es de hoy, ni apareció recién en la administración pasada. Es sólo que los niveles en los que se manifestaba estaban siendo tolerados, en buena medida, pasaban desapercibidos porque no se daba de forma tan abierta, ni se había involucrado tanto a la sociedad. Es lógico que ante este incremento, la percepción de inseguridad aumente y que, al ser situaciones inéditas, los tabasqueños se sientan más inseguros que en aquellos lugares con incidencia delictiva más alta, o de plano, tomados por la delincuencia organizada.

Si combatir la violencia es un terreno farragoso, donde todo el trabajo debe hacerse de manera constante, siempre en alerta ante lo contingente así como tratando de prevenir lo que pueda ocurrir, cambiar la percepción de los ciudadanos es todavía más complicado. Porque en materia de seguridad, con la información, coordinación y tecnología se plantean estrategias que resulten en acciones concretas para identificar desde los delincuentes hasta sus cuentas bancarias a fin de combatirlos por todos los medios posibles. Pero la percepción es un terreno que escapa la racionalidad de las personas, en particular, sobre inseguridad está directamente relacionada con el miedo.

Causan temor las amenazas colgadas en lonas en la entrada de una escuela, al grado que los padres prefieren no enviar a sus hijos a la escuela ese día. Algunos pensarán que la reacción es exagerada, otros la considerarán comprensible. La respuesta de la autoridad es una reforma al Código Penal para penalizar como delito de amenazas el acto de colgar una lona con amenazas o "cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden", el cual se perseguirá de oficio, incluyendo hasta quien facilite la cartulina o la manta. (Van a obligar a los encargados de las papelerías a pedir a sus clientes que no usen sus productos para colgar amenazas).

Este es un error grave que en nada contribuye a reducir el miedo. Por el contrario, puede traducirse en un ordenamiento violatorio de derechos tan fundamentales como la libertad de expresión. La constitución federal en su artículo séptimo es clara: "ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa". La pretensión de censura es amplia cuando se busca prohibir "cualquier manifestación que altere la paz y el orden". ¿Eso quién lo define, el nombre del policía o funcionario en la manta? Si cuelgo una manta asegurando que mañana es el fin del mundo y mis vecinos se alteran, ¿estaré incurriendo en este delito?

Tal como existe hoy, las amenazas se persiguen por querella. Es decir, la persona que se sienta amenazada debe ir a iniciar su carpeta de investigación y aportar las pruebas. Se toma especial consideración si la persona cumple su amenaza. Sólo se persiguen de oficio las amenazas contra víctimas o testigos en un proceso penal. A los fiscales, tan ocupados en esclarecer los delitos que se cometen, ¿los vamos a poner a perseguir hasta a quienes les facilitan cartulinas y plumones a los delincuentes? ¿Se va a considerar una amenaza o alteración al orden público cualquier mensaje anónimo en que se acuse a un funcionario o policía cualquiera se der corrupto y aceptar dinero?

Seguro hay otras formas de mejorar la percepción de inseguridad que no implican violaciones a la libertad de expresión. Pasan por hacer valer el imperio de la ley, promover la seguridad en los espacios públicos e involucrar a la ciudadanía en las acciones preventivas.