Debate sobre seguridad pública

El día miércoles 21 de septiembre el Senado de la República mostró, una vez más, el rostro de la realidad política mexicana en la que la minoría absoluta más un voto, aglutinada en una coalición que decide negar al Titular del Ejecutivo la aprobación de cualquier reforma constitucional que proponga; en este caso la prolongación, por cuatro años, de la actuación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública. Cabe señalar que tal intervención militar se ejerció de facto, en contravención de la Constitución, durante más de doce años y  sólo hasta el presente régimen, a iniciativa del Presidente López Obrador, se hicieron las reformas constitucionales para permitir dicha intervención, aprobadas por unanimidad por cierto, estableciendo una fecha perentoria a marzo de 2024.

La nueva iniciativa del Ejecutivo propone la ampliación por cuatro años del referido plazo perentorio, para el efecto de consolidar la Guardia Nacional creada en 2019, también por unanimidad por el Congreso. La Cámara de Diputados la aprobó por más de los dos tercios de la votación, rompiendo el cerco de la moratoria legislativa opositora y, de paso, a la coalición misma, lo que no pudo lograrse en el Senado por lo que se remitió a las comisiones para su mayor análisis.

Es un eufemismo mayúsculo llamar debate al  rosario de diatribas registrado. El debate implica la exposición sustentada de razonamientos con el afán de convencer al que opina diferente, mismo que pueda sea rebatido con las mismas características, para eso es la práctica parlamentaria. Es normal la formación de bloques partidistas atentos a las diversas ideologías de la pluralidad política, pero es contrario al ejercicio político adoptar posturas de negación o moratoria legislativa absoluta, como es el caso con la coalición de PRI, PAN y PRD, cuya única razón de ser es el parar la transformación encausada por el Presidente López Obrador.

Aquí es preciso llamar la atención respecto de la necesidad de adecuar la organización del estado y avanzar en el perfeccionamiento de la democracia: la reforma electoral. El entramado legal actual está diseñado para los casos en que no se registraba una mayoría electoral, o sea cuando un partido o coalición supera con más de la mitad de votos al resto de los partidos, como es el caso actual, sino que se creó con la idea de gobiernos de minorías. No me parece democrático que una suma de minorías pretenda dominar sobre la mayoría. Así lo dejo por ahora.

Volviendo al tema de la ampliación del plazo para la intervención militar en la seguridad pública. La minoría opositora advierte el riesgo de la militarización del país, advertencia inválida en tratándose del actual gobierno, siendo el Presidente un genuino    Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que no ha dado ni dará órdenes de represión o de limitación a los derechos de la ciudadanía. Corresponde al pueblo soberano, mediante su voto, entregar o negar el poder a un gobierno represor; será su decisión.

Desde otro ángulo, es necesario reconocer algo que no se toca en el discurso opositor. El meollo de la violencia tiene dos puntales: por un lado la injusta desigualdad prevaleciente y, por el otro, el gigantesco mercado ilícito de las drogas en los Estados Unidos, cuyo valor económico mueve la organización criminal para satisfacerlo; mientras ese mercado exista no habrá poder militar o civil que contenga la violencia; el negocio de la droga produce tal magnitud de recursos que compra voluntades o monta grupos armados con gran fuerza bélica. Es preciso analizar a profundidad la forma de deshacer el poder económico del tráfico ilícito de estupefacientes, incluida su legalización.

Para concluir, es mi punto de vista que hoy vivimos una condición de mayor seguridad en el país; que la violencia se ha venido reduciendo en las materias más sensibles para el ciudadano común; los homicidios que hacen números corresponden a narcos en pleito por el dominio de rutas y mercados. Me siento más tranquilo y  en buen grado.

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