Poder Político
Obligados a creérsela
¿Por qué desde que en 1990 emergiera la vida institucionalizada en la organización de las elecciones, autónoma a partir de 1996, los partidos políticos y sus candidaturas a cargos de gobernabilidad, ejecutiva y legislativa, son incapaces de competir en el contexto constitucional preceptuado de un país que se precia de ser demócrata? Pesa más la ancestral cultura de recurrentes actos ilegales con el afán de obtener una fraudulenta ventaja por la razón de que aún no se creen sus argumentos o bien carecen de estos; se niegan a aceptar que en voluntad popular sólo hay un ganador.
El entramado de la Democracia exige un juego limpio en armonía con los Principios de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima Publicidad, y Objetividad» a los que partidos políticos y candidaturas deben ceñirse, les guste o no.
Sin los Principios Constitucionales de la Democracia Electoral no puede haber validez alguna cuando con el cuchillo entre los dientes de la ilegalidad pretenden una imposición. Romanticismo no, la esencia de la Democracia es la Democracia, la misma que prevalece en todo país que se rige por este sistema de gobernanza; aun así, sea directa, indirecta; presidencialista, parlamentaria o semiparlamentaria.
El Sistema Democrático Presidencialista de gobernanza en México rige desde que el país se constituyó el 4 de octubre de 1824; vigente durante exactos 200 años, en donde la puja ha estado entre regímenes; liberales y conservadores, centralistas y federalistas, hasta transitar al sistema de partidos políticos con sustento ideológico.
Pareciera ser que México carece de la capacidad receptiva para conciliar un país plural de representatividad, habida cuenta que de la decisión mayoritaria de potenciales 98 millones 329 mil 591 electores con derecho político a elegir renuevan la Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados Federales; además de 20 mil 139 cargos de gobernabilidad locales en las 31entidades y la Ciudad de México.
Transgredir la competencia electoral todavía con 39 días de campaña por discurrir, debe tenerse en cuenta que la elección a alguno de los cargos de poder debe ser anulado por el Tribunal Electoral si se halla que se rebasó en 5 por ciento el límite de gasto, o bien se acredite el financiamiento público e ilegal. El 2de junio habrá una macro votación concurrente.
Preocupa el escalofriante dato que, de las 900 candidaturas a diputaciones federales, entre coaligadas y MC, sólo 382 posean estudios de licenciatura. Un 30.5 por ciento, 275 candidaturas, optaron por no informar sobre su grado académico; tal vez porque carecen de estudios o bien porque su proceso de instrucción es «tan pobre» que les avergüenza.
Bajo el paraguas de que el Estado de Derecho es perfectible, una inteligente Reforma Electoral, Constitucional y a las Leyes, debe tener como prioridad elevar la «Calidad de la Democracia» por lo que compete al Sistema de Partidos Políticos que hace mucho dejaron de lado las formativas escuelas de cuadros orientadas a la profesionalización de políticos y políticas, que comprendan de qué trata el ejercicio de la gobernanza ejecutiva y legislativa.
Sin pretender discriminar por el nivel educativo el cual debe reflejarse en capacidades y competencias, el ejercicio de los actores en la vida pública es rehén en general por los mismos rostros y apellidos en media centuria; en ningún momento mostraron interés ni la tendrán para gestionar la solución estructural a la demanda creciente de justicia social, mediante políticas públicas armonizadas en los ámbitos diversos. Prevalecerá la coyuntura e intereses facciosos llevados al pragmatismo en la puja del poder por el poder, ahogando el anhelo de prosperidad.
El ejemplo real más patético de la competencia soterrada remite a las elecciones locales de 2009 en el aún Distrito Federal cuando el Partido del Trabajo registró como su candidato a la Delegación de Iztapalapa, a Rafael Acosta Ángeles, conocido como «Juanito». Con evidentes limitaciones en sus facultades mentales fue obligado a jurar en público para que una vez logrado el triunfo en las urnas cediera la posición a Clara Brugada, hoy candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El centro de la prioridad en la inminente Reforma Electoral, Constitucional y sus Leyes, debe exigir elevar la «Calidad la Democracia» en el Sistema de Partidos Políticos como instituciones de naturaleza ciudadana que tienen el objetivo de promover la vida democrática entre la sociedad y su acceso al poder público; incluido elevar el umbral de votación al 5 por ciento para sostener el registro en la competencia electoral, con candidaturas y programas de gobierno que hagan sentido con la justicia social, cerrando el paso a los «Juanitos» y «Juanitas».
