En materia tributaria, la regla era sortear los pagos y en todo caso, buscar la exención que por supuesto, siempre beneficiaba a quienes tenían que pagar más.

Los contribuyentes mexicanos siempre se han negado o buscado la forma de no pagar, bajo el subterfugio de que sus impuestos no se reflejan en las acciones de los gobiernos en turno, y que ese recurso es escamoteado a las bolsas y cuentas bancarias de quienes gobiernan. En parte tenían o quizá tengan razón, sin embargo, es una obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público para fortalecer las finanzas del país.

Para sortear los pagos se inventaron empresas que expedían (expiden) facturas a diestra y siniestra con el fin de simular compras, ventas y beneficiarse de la ley correspondiente, creando saldos a favor y recibiendo jugosas sumas en devolución de impuestos. Esto va en detrimento del Estado, y crea afectaciones sobre todo en los que menos recursos tienen y no gozan de ningún beneficio fiscal.

La simulación llegó a las compras y entregas, en empresas paraestatales sobre todo Pemex, donde en años anteriores, las licitaciones que se emitían ya estaban designadas de antemano al proveedor correspondiente, la mayoría empresas de portafolio, proveedores que provenían del lavado de dinero del crimen organizado. Los funcionarios estaban entre dos opciones: contribuir a la simulación o esperar las posibles consecuencias de su honestidad. Casi siempre ganó la primera opción. También casi siempre había una constante en estos proveedores: el domicilio fiscal que utilizaban era inexistente, por tanto, ilocalizables.

A partir del año 2018, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se comienza a detectar y perseguir a las denominadas empresas factureras, con el fin de ir acotando estas prácticas desleales entre muchísimos contribuyentes mexicanos.

El artículo en mención faculta a la autoridad fiscal para que en aras de su labor, pueda presumir la posible inexistencia de operaciones que pretenden ampararse con comprobantes fiscales emitidos. Y es así, porque "Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes".

Ya decíamos, y los medios de comunicación han dado cuenta de muchos casos, que existen proveedores o empresas, que se fundan con un mínimo de recursos, y en menos de un mes facturan millones de pesos, o como decía líneas arriba, hay empresas que no tienen el suficiente activo, ni la maquinaria ni la mano de obra para realizar o generar trabajos y/o productos, y sin embargo, sí son capaces de facturar millones y millones de pesos en contubernio con personas muchas de ellas, dentro del poder político.

Ante el eso, el SAT ajustará más las medidas para combatir a esas empresas que emiten facturas falsas. Alejandro Alcalde Andrade, administrador desconcentrado de Recaudación Norte del SAT, habló en días pasados al diario La Jornada, sobre los "planes y mecanismos para limitar e identificar a este tipo de contribuyentes que de repente no existen, de repente nacen y están emitiendo 3 millones de facturas con una (cierta) cantidad de ingresos. Estamos tomando mecanismos justamente para identificarlos y restringir que puedan emitir comprobantes como tal".

Si queremos que nuestro país mejore, debemos contribuir todos al gasto público, aunque para ello, hace falta una reeducación social en materia tributaria.

COLOFÓN: Alejandro Gallegos León era un colega. Nos unimos a petición de justicia y el esclarecimiento del crimen.