La autonomía

Uno de los avances de la democratización al interior de los países del tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica, fue la creación de organismos autónomos encargados de realizar tareas correspondientes al Estado, pero que por su carácter estratégico, debían estar en manos de una administración no centralizada, o de corte ciudadana. Tal es el caso, de carácter político, de los organismos encargados del sistema de organización electoral; o de la transparencia, como ejercicio de revisión de las actuaciones de los encargados de la función pública.

Pero esa democratización de los distintos países del tercer mundo no fue una casualidad, ni únicamente el empuje de las organizaciones sociales del interior sino, sobre todo, las exigencias específicas de entes internacionales que mantienen predominio económico y financiero, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Pese a ese origen realmente autocrático, en su momento no dejó de ser un avance en sentido democrático, y su establecimiento vino a airear un poco la centralización y el autoritarismo de los gobiernos en turno, de corte neoliberal.

Sin embargo, muy pronto el objetivo que se debía lograr con el establecimiento de dichos organismos administrativos, se tergiversó, y se convirtieron en cotos de poder y oficinas de empleos para los amigos de los gobiernos en turno.

Así, vimos durante varios sexenios cómo personajes ligados a partidos políticos, saltaban de un organismo autónomo a otro, convirtiendo a estos en oficinas al servicio del Poder Ejecutivo, como pago al favor de proponerlos, y pervirtiendo el objetivo.

Ahora, producto de una iniciativa del Ejecutivo federal, se realizó una reforma a diversos artículos de la Constitución, decreto que fue publicado 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, con el que desaparecen del mapa constitucional y administrativo, siete organismos autónomos.

Los defensores de la anterior forma de gobierno, se rasgan las vestiduras señalando que ello es un duro golpe a la democracia, que se está sepultando al sistema democrático del país, e inclusive han llegado al extremo, como los del Poder Judicial federal, de autonombrarse defensores de la patria, sin entender que la democracia a la que se refieren, no es más que una democracia simulada.

Habremos de entender que, si bien el objetivo de los organismos autónomos viene a abonar en mucho a los avances democráticos, el problema al que se enfrentan en nuestro país es precisamente a la simulación y con ello a la contribución de un gasto excesivo. Ejemplo de ello son los institutos de transparencia de las entidades y a nivel federal, que sólo han servido para la simulación de la transparencia en el ejercicio de la función pública, a sabiendas que los sujetos obligados, lo primero que hacen es evitar a toda costa la entrega de información.

Vemos pues, que no se trata en realidad del organismo, ni siquiera de la autonomía como eje rector, se trata de quiénes dirigen (o dirigían estos entes) y de quiénes están sujetos al cumplimiento de las exigencias de estos entes.

El problema de nuestro país no estriba precisamente en la conformación de sus instituciones, como en la mentalidad de quienes dirigen estas instituciones; mientras persista la mentalidad clásica del mexicano trampeador, no habrá institución, por muy autónoma que sea, que venga a mejorar el proceso democrático.