* Preferencias presupuestarias partidistas: tendencia años 90s, en curso.

* Coordinación y recursos, reto: frenar inseguridad por acción criminal.

* Participación ciudadana: ¿sociedad responsable y gobierno eficiente?                

LA INSEGURIDAD es cuestión de importancia mayúscula en la gestión de todo gobierno. Más ahora en México. Desde el norte, el gobierno con dislexia de Donald Trump presiona por diferentes flancos y apunta ahora a la relación narcotráfico/política/lavado de dinero.

Es tema delicado para todas las organizaciones políticas.  En Trump, es un pretexto frente a su crisis interna; en México puede ser una palanca que empuje a cambios.

En política interna, la agenda de seguridad tiene tres temas: coordinación entre niveles de gobierno, capacitación de cuerpos del orden y operatividad con resultados que arrojen tranquilidad en las diversas regiones. Lo interno y externo sobre inseguridad no se contraponen en teoría.

Aunque en la práctica política existe un obstáculo serio: el interés por frenar la impunidad criminal y el lavado de dinero significa detener a actores públicos ´semejantes´ a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del sexenio calderonista, sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por vínculos criminales.

En estricta lógica de relaciones políticas, suena extraño que García Luna en solitario represente la corrupción del viejo régimen. La corrupción sistémica que deviene "ilegalidad desde la legalidad" (Lorenzo Meyer) abarca mucho más que García Luna. Este punto tiene su historia.  

DEMOCRACIA Y RECURSOS

PARA NIVELAR la competencia electoral, desde los años 90s se apostó por ampliar el presupuesto a partidos políticos, con el objetivo de eliminar la intromisión de actores privados y el crimen organizado en las campañas. ¿Resultado? No se evitó la mezcla entre poder, narcotráfico y política. Genaro García Luna es la punta del iceberg.    

En seguridad la violencia creció incluso con transición a la democracia. Con la polarización político/social 2006, se decidió utilizar al Ejército y Marina en funciones policiales, sin marco constitucional regulatorio.

En tiempos 4T surgió la Guardia Nacional con 300 mil efectivos sumados al esfuerzo disuasivo. Sin embargo, no se consolida la coordinación/equipamiento/capacitación de los cuerpos del orden.

Eso no es invento opositor: es realidad vivida por millones de mexicanos. En 2025 seguimos con escenarios que nadie quiere, pero que no desaparecen con buenas intenciones.

Hipótesis recurrente para explicar el caos político/partidista y la inseguridad en México: no se inyectan recursos suficientes. De ahí se agarran políticos y gobernantes para ampliar presupuesto en tiempo de austeridad.

Error de perspectiva con media verdad: a las policías municipales y estatales no se les inyectan recursos suficientes, pero en lo demás aplica la hipótesis inversa: hay recursos públicos y los presupuestos se han multiplicado por 20 desde 1992 (UNAM 2016: "dinero gubernamental y problemas sociales").

En el ´Informe 2024 del Banco Mundial sobre política y seguridad´, México apareció como primer lugar en presupuesto destinado a partidos políticos en América Latina y segundo a nivel global (superado por Noruega), mientras que ocupa la tercera posición en recursos destinados a combatir delincuencia y narcotráfico. Italia y Estados Unidos encabezan la lista.

¿Dónde está el fallo mexicano? Se apuntan tres aspectos a mejorar: a) seguimiento de las políticas gubernamentales, porque no hay continuidad; b) supervisión ciudadana, a través de organizaciones civiles y de derechos humanos; c) transparencia en el uso de los recursos.                         

¿ECLIPSE CIUDADANO?

FALLOS POLÍTICOS y gubernamentales tienen quizás como telón de fondo un eclipse ciudadano. El ´nosotros´ abarcador y solidario que surgió de movimientos civiles a lo largo del siglo XX, se perdió al inicio del siglo XXI.

Ese ´nosotros´ busca ser recuperado, con menciones frecuentes al apoyo del pueblo. En cambio, llama la atención que -cuando menciona a la sociedad civil- la presidenta Claudia Sheinbaum no maneja el mismo tono.

Pesa la simulación de organizaciones patito con membrete ciudadano, que tienen intereses políticos ocultos y que manejan temas públicos con criterio sesgado. Esta ´versión ciudadana con dolo´ resulta problemática para atender cuestiones sociales que requieren consenso y datos duros.       

En este sentido, hay que ubicar un punto clave: ¿qué tanto hacemos los ciudadanos en términos de responsabilidad social? Desde luego que el gobierno tiene que hacer la parte principal, para no participar activamente de la corrupción, la violencia y la impunidad.

Al mismo tiempo, la ciudadanía tiene que tomar una postura sobre esos problemas. Una cosa es padecerlos. Otra es fomentarlos por omisión o conformismo.

Hay que ejercer una crítica propositiva a los gobiernos y, por igual, una crítica ética al tipo de ciudadano que somos. Cuando no es contra nosotros, dejamos crecer el problema. Cuando por desgracia nos toca, encontramos un desierto alrededor, con instituciones inoperantes y ciudadanos solitarios: indignados, pero desorganizados.    

¿La ciudadanía omisa perjudica al gobierno? Debatir con seriedad este punto no es una quimera: puede provocar un reajuste en los comportamientos públicos y exigir ´otros modos´ a las autoridades, para lograr consensos y resultados.  

(vmsamano@hotmail.com)