OPINIÓN

Altar Mayor
29/01/2025

Infonavit, la caja de pandora...

Desde la conferencia "mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado lunes, el tabasqueño Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, tal parece que abrió la caja de Pandora.

El funcionario federal a unos meses de haber asumido el cargo –con evidencias y datos a la mano--  abrió la cloaca de esa institución donde sus anteriores autoridades habrían incurrido en ilícitos.

Que ¿hasta dónde llegará el efecto de los descubrimientos y/o declaraciones vertidas por Romero Oropeza? Podrían preguntarse algunos y la respuesta inmediata seria, eso no se sabe pero lo cierto es que como dijera el clásico "lo que no mancha tizna" y lo hecho, hecho está.

Y es que el Director General del Infonavit, destapó un esquema de corrupción que se gestó en administraciones pasadas donde –al decir del alto funcionario— jueces corruptos y  despachos se  coludieron para despojar a  decenas de miles de derechohabientes de sus  viviendas mediante juicios masivos.

Al respecto, se sabe que la Presidenta de México,  Claudia Sheinbaum ha señalado que se continúan presentando denuncias penales en torno al escabroso asunto.

"En la mayoría de los casos [la denuncia] es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República [FGR] haga la investigación. Se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía, y en otros que revisen integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit", dijo la mandataria federal.

Se sabe que los juicios masivos contra derechohabientes comenzaron en 2012, derivado de los créditos impagables que había otorgado el Infonavit, que afectaron a 373 mil trabajadores.

En 2019, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración del Infonavit que se desistiera de dichos juicios y detuviera el desalojo de las familias. Un año después, en 2020, se hizo una denuncia penal en Nayarit y así fue como se destapó la podredumbre.

Pero ¿cómo operaron jueces, funcionarios y despachos?

La estrategia que utilizaron jueces, funcionarios y despachos consistió en interponer demandas a las y los derechohabientes en estados distintos a los de su residencia para evitar que fueran notificados de los procesos en su contra y no pudieran defenderse. Miles que habían intentado obtener una casa perdieron así sus hogares.

"En 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, a través de despachos y en los que hubo irregularidades. No se notificaba a los acreditados. Como se hizo masivo y casi fue discrecional, incluyeron a gente que no tenía problemas. A un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México lo demandaron en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse", expuso Oropeza desde Palacio Nacional.

Un ejemplo: en Nayarit, despachos de abogados, notarios, jueces y funcionarios operaron para demandar a 61 mil derechohabientes, de los cuales sólo 717 vivían en ese lugar. En contraste, 17 mil 717 tenían su vivienda en Chihuahua; 16 mil 579 eran de Tamaulipas; seis mil 214, de Nuevo León; y 20 mil 703, del resto del país y al mismo tiempo, mil 113 personas con créditos en Nayarit fueron demandadas en Coahuila, cinco en Jalisco, 14 en la Ciudad de México y 85 en otros estados.

En total fueron 373 mil derechohabientes afectados en estos juicios masivos, 302 mil, que representan el 80 por ciento, tuvieron demandas en otros estados, mientras que sólo 71 mil fueron demandados en la entidad de residencia.

El titular del Infonavit subrayó que con esta estrategia, los despachos responsables de los juicios masivos cometieron otras irregularidades como: no notificar a los acreditados e incluir a acreditados que no tienen problemas de pago.

Ante ello, Oropeza señaló que la Presidenta de México ha dado instrucciones para resarcir el daño a los derechohabientes afectados y continuar con las denuncias penales a despachos, notarios y funcionarios de los Poderes Judiciales Locales que participaron en los juicios masivos. (altar_mayor@yahoo.com.mx)





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