El Cabildo del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, aprobó la prohibición de los "shows denominados drag queens o travesti" al modificar su Reglamento de Espectáculos.

Esta nueva normativa, que sustituye al reglamento vigente desde marzo de 2005, establece en su artículo 95 que se prohíbe la realización de espectáculos donde personas desnudas o semidesnudas exhiban su cuerpo, así como los shows drag.

La modificación ha generado una ola de protestas, especialmente por parte del Colectivo Trans Monterrey, que expresó su preocupación sobre la legitimidad que este reglamento otorga para violentar a las poblaciones LGBTIQ+. Sylvia Sofía, coordinadora del colectivo, calificó la prohibición como "inconstitucional" y un ataque a los derechos de libre expresión.

Además, recordó que Nuevo León ha sido históricamente violento hacia las comunidades LGBTIQ+, especialmente hacia las mujeres trans.

• La regidora independiente Claudia Carranza defendió la reforma argumentando que busca proteger a los niños de contenidos que podrían confundirlos. Aseguró que no se trata de discriminar ni estigmatizar a nadie, sino de garantizar un entorno seguro para los menores. El alcalde Daniel Carrillo apoyó la propuesta y destacó la intención del gobierno local de crear una Secretaría de la Familia para promover la integración familiar.

Activistas LGBTIQ+ han anunciado acciones legales para impugnar esta modificación al reglamento, argumentando que incita a la discriminación y violencia contra las personas de la diversidad sexual. Este año, Nuevo León ha registrado seis transfeminicidios, lo que refleja un contexto preocupante para la comunidad.

La comunidad LGBT+ señalan que la prohibición de shows van a fomentar las detenciones arbitrarias

Integrantes de la comunidad LGTB+ en el estado de Nuevo León han realizado una protesta artística ante las modificaciones al reglamento de espectáculos del municipio de San Nicolás que prohíben los shows de travestis y drag queens.

Bajo el argumento de supuestamente "proteger" a las infancias, las autoridades locales de dicho ayuntamiento, conurbado a Monterrey, capital del estado, aprobó las modificaciones. Las y los manifestantes consideraron que las nuevas normas son violatorias de los derechos humanos.