¿Y de ahí?
Fomentar una cultura de la paz, pero también esclarecer delitos
El homicidio de dos candidatos a la alcaldía municipal de Maravatío, Michoacán, ubicó a los mexicanos en una realidad que muchos habían tratado de ignorar a pesar de estar cada vez más presente en nuestro diario devenir: la violencia política en tiempos electorales. En el recuento inevitable, resultó que arrancamos las campañas con 14 aspirantes asesinados.
Podemos mencionar algunos casos, sin afán de una lista exhaustiva: en junio de 2023 fue asesinado Jesús González Ríos, dirigente del PVEM y aspirante a la alcaldía de Cópala, Guerrero. En diciembre, Ricardo Taja Ramírez, aspirante a una diputación federal por Morena, fue asesinado en la zona diamante de Acapulco, Guerrero. En enero, el ex alcalde de Atlixtac, Guerrero, Marcelino Ruiz Esteban, fue asesinado en una carretera.
La incidencia de estos delitos y titulares detonó en febrero. El 2, asesinaron al precandidato de Mascota, Jalisco, Jaime Vera Alanís. El 4, fue amenazado y baleado en Guerrero el aspirante a la alcaldía de Iguala, Erik Catalán. El 7 fue el homicidio de Juan Pérez, director de desarrollo social en Fresnillo, Zacatecas. El 10 asesinan a Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal por le distrito 16 en el Estado de México, también a Jorge Antonio Monreal Martínez, director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas. El 15 de febrero es asesinado Manuel Hernández, aspirante a diputado en en Misantla, Veracruz, también Abraham Ramírez, padre de Rosalva Ramírez, aspirante a la alcaldía de Huamuxtitlan, Guerrero. Al día siguiente, se halla el cuerpo de Manuel Arriaga, quien era regidor en Cualac, Guerrero, también aspirante a esa alcaldía. La lista sólo parece crecer y crecer.
Frente a esta crisis a nivel nacional, otras realidades del país palidecen hasta casi desaparecer, al menos, de los medios nacionales. Que esta crisis se concentre en otras entidades no significa que en Tabasco nada ocurra. Entre todos estos acontecimientos, quizá a nivel nacional no se ha percibido que en Tabasco la realidad lacerante del feminicidio ha vuelto a repuntar.
El caso de Damaris, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en una bolsa en Atasta, la detención de su ex pareja en calidad de investigado como presunto responsable, los trascendidos y rumores que han circulado en torno de las circunstancias en que esta mujer de 24 años fue privada de su vida, han vuelto a traer a la discusión pública los compromisos hechos en Tabasco para combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres, así como la efectividad de las acciones realizadas.
Aunque el caso de Damaris se descubrió cerca del sitio en que días antes fueron muertos a tiros unos presuntos delincuentes y la realidad de los feminicidios se inscribe en la misma sociedad, es un error al enmarcar toda violencia contra la mujer en el marco general de la inseguridad, ya que su origen es otro. Si bien el contexto social es el mismo, son violencias que responden a distintas dinámicas, y no obstante, cuando una incrementa un tipo de violencia, a menudo también lo hace el otro. De acuerdo con el Fiscal General del Estado, Nicolás Bautista Ovando, en enero se registró un feminicidio en Tabasco y cerramos febrero con tres más. Es una clara incidencia al alza.
En el caso de los asesinatos de mujeres (que se investigan como feminicidios por protocolo, a reserva de que la fiscalía encuentre indicios de homicidio), además de que incrementó la incidencia, también lo ha hecho el grado de violencia. En el caso de la víctima de Teapa, de identidad reservada, trascendió que fue muerta a machetazos. Un caso en Comalcalco también tiene esas características de saña y crueldad, pues el cuerpo de la víctima se halló descuartizado.
Ante estos hechos, los ciudadanos pueden sentirse condenados al mero papel de espectadores, pueden pensar que lo único que pueden hacer es rogar en su interior porque ni ellos ni a sus familias les toque llegar un día a los titulares de las noticias por algún hecho como éstos. Sin embargo, es deber de la ciudadanía no permitir que estos hechos caigan como al vacío. Es nuestro deber estar atentos a nuestro entorno, poner de nuestra parte lo posible para fomentar una cultura de la paz para prevenir delitos. El esclarecimiento de los delitos es un derecho de toda víctima, por lo que también toda la sociedad debemos exigir que esa garantía se cumpla.
