¿Y de ahí?

Hace falta ser carroñero para pretender sacar ventaja de una tragedia como la de Ciudad Juárez, pero justamente eso es lo que ha hecho la oposición. Sigue pendiente de cumplirse la palabra por parte del presidente de la República en el sentido de que se investigue y sancione a los responsables. Una tarea que de por sí puede ser complicada en cualquier delito, que encima se entorpece en la medida en que el asunto se usa como moneda de cambio, golpeteo y control político.

Esto es algo que sucede en distintos niveles de manera simultánea: desde lo internacional de las relaciones exteriores, hasta lo muy interno del país, donde el fenómeno de la migración se encarna en hombres y mujeres que tratan de atravesar el territorio, donde se enfrentan a la cacería por parte de elementos de diversos cuerpos e instituciones, tanto federales, como locales y hasta municipales.

A los responsables de la muerte de 39 migrantes habría que buscarlos en todos esos niveles, y más allá, en la iniciativa privada, en todo el sistema económico global el que con sus fuerzas empuja a los migrantes fuera de sus lugares de origen, que con hambre y violencia los obliga a echarse a andar hacia donde vivir sea posible.

Aunque la semana pasada el gobierno de Estados Unidos aseguró que no tiene responsabilidad alguna en la tragedia, la realidad es que ha habido mucha presión desde el vecino país hacia México para contener la mayor cantidad posible de migrantes, pues el fenómeno empieza a desbordarse a su lado de la frontera. Si en 2020 las solicitudes de refugio a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) fue de casi 41 mil, el año pasado se disparó a más de 118 mil. Al mismo tiempo, en 2022 el INAMI detuvo a medio millón de migrantes.

Es un éxodo incontenible. Miles y miles de personas, cada vez más familias completas, que se exponen a la muerte, movidos por fuerzas que han destruido sus lugares de origen por desastres, por falta de empleo, por delincuencia organizada. Avanzan, sostenidos a veces únicamente por la fe y el anhelo de tener una vida digna. Los expulsa el sistema económico que propicia el libre tránsito de mercancías, pero no de personas, especialmente las personas de países que han sido saqueados. Los explotadores quieren permanecer lejos y no asumir los costos de la explotación.

Desde luego, hay responsables en el país de la tragedia de Juárez. En el gobierno federal, del de Chihuahua y hasta del municipio de Juárez. Las dinámicas de empobrecimiento de América Latina no justifican que unas personas hayan decidido dejar morir a los migrantes en un incendio, que los migrantes vivan condiciones semejantes a la tortura en los centros de detención llamados albergues o que haya funcionarios que se coluden con la delincuencia organizada para vejar a los migrantes y tratar de sacarles alguna ganancia. Hay personas que no han cumplido su obligación de garantizar una política migratoria respetuosa de los derechos humanos. Así lo han señalado, desde hace años, diversas organizaciones de la sociedad civil.

Desde 2017, el Consejo Ciudadano del INAMI advirtió que había riesgos al interior de los centros de detención, a pesar de que uno de sus objetivos sería salvaguardar la integridad de los migrantes, la mayoría no contaba con protocolos o estructura para evacuación en caso de desastre de algún tipo. Debilidad que debió atenderse oportunamente, así como la falta de capacidad de la Comar, cada vez más rebasada por las solicitudes de refugio.

Resulta lamentable que, ante una tragedia que consiguió atraer momentáneamente la atención hacia el tema migratorio, cuyas dimensiones humanas, sociales y económicas rebasan por mucho las fronteras del país, algunos no hayan tenido cabeza más que para pensar en cómo aprovecharla en términos puramente electorales. Lo que hace falta es tomar conciencia de cómo operan las dinámicas tras la migración, con raíces profundas en la historia del continente. Asumir la migración como el desafío a la humanidad que es. Mientras tanto, hay que estar pendientes de que se castigue a los responsables mexicanos y la política migratoria cambie lo que se requiera para garantizar los derechos humanos.