Mientras un sector de la población se distrae con las elecciones extraordinarias para elegir autoridades judiciales, el Poder Ejecutivo federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley que regula el ejercicio de la transparencia de la información pública en el país, un tema que a la ciudadanía común poco le importa, pero que al sistema le interesa mucho no por la transparencia, sino todo lo contrario.

Fue el día 20 de marzo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, abrogando La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

De acuerdo al artículo transitorio primero, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir el día 21 de marzo, el día que iniciaba la primavera y justo en el aniversario del nacimiento de don Benito Juárez.

El derecho de todos los mexicanos a tener acceso a la información pública, está consagrado en el artículo sexto de nuestra Constitución federal, y forma parte de los derechos humanos; para poder garantizarse ese derecho se recorrió un largo trecho desde la llegada del entonces presidente Vicente Fox a la presidencia de la república.

Para hacer mayor efectivo dicho derecho se transitó

1)    Por una reforma constitucional que hiciera tangible ese derecho.

2)    Que existiera un organismo que garantizara ese derecho.

3)    Que ese organismo gozara de autonomía constitucional y no fuera centralizado, pues las decisiones que debería tomar deberían estar al margen de las decisiones y opiniones de los tres poderes del Estado.

La creación del IFAI y luego del INAI como organismos autónomos especializados y garantes de la información pública, sin duda fueron pasos progresivos para intentar garantizar y hacer tangible ese derecho en los ciudadanos.

Ahora con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desaparece (desde el precepto constitucional) el concepto de órgano garante autónomo, y su lugar lo asumirá según el párrafo 4 de la citada ley: "Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno", es decir, un órgano que dependerá de la administración centralizada, y por tanto, que deberá y está obligado a rendir cuentas al Poder Ejecutivo.

Uno de los problemas comunes al que nos enfrentamos los ciudadanos siempre y que nunca se corrigió, fue el incumplimiento por parte de los sujetos obligados de proveer en sus páginas electrónicas, de la información mínima de oficio.

Aunque la ley anterior tenía contemplado ese rubro, lo cierto es que la información que presentaban (y aún siguen presentando) los sujetos obligados, es información desfasada, sin que por ello, el órgano garante aplicara la sanción correspondiente, por el contrario, se podría interpretar que había un acuerdo entre las partes para omitir esa información.

Y no es cosa del pasado, así está la mayoría de páginas web de los sujetos obligados, mientras las autoridades esperan la denuncia por parte de los ciudadanos.

¿Por qué esperar la denuncia? ¿No está dentro de sus facultades la supervisión y en su caso, sanción a quienes incumplen? ¿Podrá el nuevo órgano resolver esta situación? ¿O seguirá la misma práctica de simulación? ¿Harán de la transparencia un derecho tangible y visible o seguirá siendo un derecho que todos los sujetos obligados tratan de evadir?

COLOFÓN: Iniciaron las campañas de aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial federal y de las entidades federativas, muchos de ellos son externos pero otros son los mismos que están dentro del Poder Judicial, si ganan los útimos, ¿cuál sería el cambio?